Naciones Unidas. Estados Unidos amenazó abiertamente a los países que voten en la Asamblea General de la ONU contra su decisión de reconocer Jerusalén como capital de Israel.
"Este día será recordado", dijo la embajadora estadounidense, Nikki Haley, en el debate previo a la votación de una resolución que demanda a Washington que dé marcha atrás sobre Jerusalén.
Haley insistió en que EE.UU. "recordará" el voto la próxima vez que un país le pida apoyo financiero o político o cuando se le vuelva a reclamar que sea el principal contribuyente al presupuesto de Naciones Unidas.
"Estados Unidos va a situar su embajada en Jerusalén. Eso es lo que los estadounidenses quieren que hagamos. Y es la decisión correcta. Ningún voto en la ONU lo cambiará", recalcó la diplomática.
El voto, sin embargo, sí cambiará la forma en que EE.UU. trabaja en Naciones Unidas y cómo "miramos a países que nos faltan al respeto", añadió.
Las advertencias de Haley se suman a las lanzadas en la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con cortar las ayudas a los países que voten en su contra.
"Todas estas naciones que toman nuestro dinero y después votan contra nosotros en el Consejo de Seguridad o la Asamblea (de la ONU), ellos toman cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares y votan contra nosotros", afirmó Trump en una reunión de su Gabinete en la Casa Blanca.
"Bien, vamos a observar esos votos. Déjenles votar contra nosotros. Ahorraremos mucho. No nos importa", agregó el presidente.
El pasado 6 de diciembre Trump reconoció Jerusalén como capital israelí, rompiendo décadas de consenso internacional, según el cual el estatus final de la ciudad debe ser acordado en un proceso de paz entre israelíes y palestinos.
La resolución que vota hoy la Asamblea General reitera la doctrina de Naciones Unidas sobre Jerusalén y exige "que todos los Estados cumplan las resoluciones" del Consejo de Seguridad relativas a la ciudad.
El pasado lunes, EE.UU. vetó un texto similar en el Consejo de Seguridad, pero ningún país dispone de ese privilegio en la Asamblea, cuyas resoluciones carecen del carácter vinculante de las del Consejo.
