Buenos Aires - La expresidenta de Argentina Cristina Fernández acudió ayer, en silencio y sorteando a la prensa, a una nueva citación judicial por presunta corrupción durante su mandato, que en las redes sociales definió como “arbitraria” e “insólita” y por la que solo presentó un escrito y se negó a declarar. “Resulta imposible saber cuál es el hecho puntual, concreto y específico de carácter delictivo que se me atribuye, más allá de la reedición del relato que la prensa oficialista se encarga de machacar incesantemente”, expresó quien fuera mandataria entre 2007 y 2015 en un mensaje en Facebook tras pasar por el juzgado.
La viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que ya tiene sobre si tres procesamientos judiciales, dos de ellos por supuestos delitos de corrupción, es acusada en este caso por asociación ilícita y administración fraudulenta por supuestas maniobras de lavado de dinero relacionadas con la concesión de obra pública.
“Es tan arbitraria la intimación que ni siquiera se precisa cuáles son las conductas que conforman la supuesta maniobra de blanqueo de capitales, cuándo se habría consumado ni el modo en que se habría afectado el bien jurídico tutelado por la norma”, remarcó la política, que en las elecciones legislativas del pasado 22 de octubre logró un escaño de senadora, que ocupará desde diciembre.
En su opinión, vive un escenario de “absoluta privación de justicia” y recalcó que demostrará la “absoluta falta de fundamento de esta insólita acusación, tanto desde un punto de vista fáctico como jurídico”. Además de a ella, la causa afecta principalmente a sus hijos, Máximo y Florencia -que tendrán que declarar la próxima semana-, y al empresario de la obra pública Lázaro Báez, detenido hace un año y medio por lavado de dinero y afectado en todos los expedientes por presunta corrupción que rozan a la exmandataria.
La Justicia considera que Kirchner y Fernández habían elaborado junto a Báez “un sistema destinado a disimular el carácter ilícito”, en principio, de parte de las ganancias que se habrían obtenido mediante la “asignación irregular” de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo y donde Kirchner fue gobernador entre 1991 y 2003.
El fin era, supuestamente, “transferirlas a su patrimonio y el de su núcleo familiar, a través de diversos mecanismos que fueran legítimos”, es decir, girar los fondos por las firmas del grupo empresarial de Báez a la empresa que controla varios hoteles de los cuales eran dueños los Kirchner, en su mayoría por alquileres de habitaciones y contratos de consultoría. “Y ésta tras hacer frente a los costos propios de la actividad hotelera, remitía tales fondos mensualmente a los expresidentes y luego a sus hijos en concepto de canon locativo por esos inmuebles”, añade una resolución del juez Julián Ercolini.
Sin embargo, Fernández consideró que los hechos que se le imputan como presunto lavado de activos ya fueron estudiados por la Justicia. “Todos los hechos descritos en este capítulo fueron analizados en, por lo menos, cuatro expedientes judiciales que concluyeron con el dictado de sendos sobreseimientos o el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito”, aclaró Fernández. La ronda de declaraciones a una veintena de imputados por esta causa arrancó a principios de octubre y concluirá el 20 de diciembre. El caso se abrió por una denuncia presentada en 2014 por la diputada de centroizquierda Margarita Stolbizer, que aseguraba que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur) propiedad de Hotesur, podía ser un alojamiento “fantasma” usado en su momento por el matrimonio Kirchner para supuestos negocios irregulares junto a Báez. - Efe
