GINEBRA. La Misión de Investigación de la ONU para Birmania (Myanmar) instó hoy al Gobierno acceso "pleno y sin impedimentos" al país para verificar las denuncias sobre los graves abusos cometidos contra la minoría musulmana rohinyá.
"Es importante para nosotros ver con nuestros propios ojos los lugares de las presuntas violaciones y abusos, y poder hablar directamente con las personas afectadas y las autoridades, por lo que hemos pedido al Gobierno birmano que coopere y nos conceda acceso pleno y sin impedimentos al país", indicó ante el Consejo de Derechos Humanos el presidente de la misión, Marzuki Darusman.
La líder de Birmania (Myanmar), Aung San Suu Kyi, condenó hoy cualquier violación de derechos humanos que se haya podido cometer contra los musulmanes rohinyás y expresó su preocupación por el éxodo de cientos de miles de miembros de esta comunidad a Bangladesh.
"Sentimos profundamente el sufrimiento de todos los que se han visto afectados por el conflicto", señaló Suu Kyi, ganadora del premio Nobel de la Paz en 1991, en una conferencia en Naipyidó ante diplomáticos, autoridades y periodistas.
Sin embargo, precisó que aquellos que han tenido que huir de sus casas no son solo musulmanes, sino también budistas y miembros de otras minorías en el estado Rakáin (oeste) afectados por el conflicto entre el Ejército y militantes rohinyás.
"A pesar de todos los esfuerzos, no hemos podido detener el conflicto (...) No es la intención del Gobierno eludir responsabilidades", señaló Suu Kyi, acusada por organizaciones humanitarias de no alzar su voz para defender a los rohinyás.
El mensaje a la nación de la líder birmana se produce unos días después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, calificara la crisis de los rohinyás de "limpieza étnica" y pidiera la suspensión de las acciones militares.
"Condenamos todas las violaciones de los derechos humanos (...) Nos comprometemos al imperio de la ley y el orden", añadió la dirigente en el discurso, que fue seguido por miles de personas a través de pantalla gigante en Rangún, la antigua capital.
La mayoría portaba banderas birmanas y pancartas a favor de Suu Kyi, quien pasó más de tres lustros bajo arresto domiciliario interrumpido durante los años de la dictadura militar (1962-2011).
En la conferencia, transmitida en directo por la televisión local, Suu Kyi se comprometió a llevar ayuda humanitaria a la región y a permitir el regreso de los refugiados rohinyás, tras un proceso de verificación.
La líder birmana afirmó que no teme el "escrutinio" internacional y aseguró que su Gobierno está buscando soluciones al conflicto entre musulmanes y budistas en Rakáin, aunque confesó que no será un proceso rápido.
La nobel de la paz manifestó que las operaciones militares en Rakáin, que comenzaron el 25 de agosto en respuesta a un ataque de militantes rohinyás a varios puestos policiales, finalizaron el pasado 5 de septiembre.
Sin embargo, el éxodo ha continuado después de esta fecha con la huida de unos 400.000 rohinyás -la mitad mujeres y niños- a la vecina Bangladesh, donde sufren carencias de alimentos, agua y asistencia sanitaria.
Los rohinyás han denunciado haber sufrido ataques y violaciones por parte de las fuerzas de seguridad, a las que también acusan de haber quemado sus casas.
Suu Kyi dijo que quiere conocer las razones por las que los rohinyás huyeron, pero también invitó a la comunidad internacional a visitar Rakáin y hablar con los musulmanes que han permanecido en sus aldeas.
La mandataria birmana, que llegó al poder en 2015, declaró que en Birmania hay muchas minorías con problemas y dijo que no ha querido responder a todas las acusaciones sobre los rohinyás porque está ocupada promoviendo la "armonía" entre las comunidades.
La nobel de la paz habló en todo momento de "musulmanes" para referirse a los "rohinyás", término que muchos birmanos budistas se niegan a admitir, ya que los consideran inmigrantes bengalíes.
El margen de maniobra de Suu Kyi está limitado por el Ejército, que controla los ministerios del Interior, Fronteras y Defensa, así como el 25 por ciento del Parlamento.
Se estima que más de un millón de rohinyás vivían en Rakáin víctimas de una creciente discriminación desde un brote de violencia sectaria de 2012, que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 rohinyás confinados en 67 campos de desplazados.
Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyás y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.
Los rohinyás, que hablan un idioma similar a un dialecto bengalí, aseguran que llevan generaciones en Birmania y, en cualquier caso, no son reconocidos como nacionales de Bangladés.
