Caracas - La oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela decidió ayer por unanimidad arrogarse las competencias para legislar del Parlamento, controlado por una mayoría opositora. La ANC adoptó esta decisión después de que la dirección del Parlamento venezolano rechazase acudir ayer a una reunión convocada por la Constituyente, un órgano que los opositores consideran ilegítimo y califican de instrumento del Gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura en el país.

Mediante decreto, la ANC aprobó “asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos”. También lo hizo “para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculados con las referidas materias, conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución”, según el texto, que alega el poder supraconstitucional de la ANC para emitir decisiones incontestables.

Por otra parte, la Asamblea Constituyente decidió por unanimidad retirar la inmunidad parlamentaria al diputado Germán Ferrer, esposo de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, por estar supuestamente vinculado a una red de extorsión. La propuesta fue sometida a la votación del pleno de más de 500 asambleístas, todos partidarios del Gobierno de Nicolás Maduro, por el constituyente Diosdado Cabello, quien aseguró que Ferrer “reúne el prontuario suficiente para que su inmunidad parlamentaria sea allanada de manera inmediata y sea sometido a la justicia”.

Además, el nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó a su antecesora, Luisa Ortega, de ser la “autora intelectual” de todas las muertes ocurridas durante la oleada de protestas que se inició en abril contra el Gobierno de Nicolás Maduro y se saldó con más de 120 fallecidos. La exfiscal se distanció del Gobierno a finales de marzo al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo -lo que detonó la oleada de protestas- y luego acusó al Ejecutivo de acometer “terrorismo de Estado” por la represión contra ciudadanos que participaron en las manifestaciones. - Efe