Estambul - Decenas de miles de personas se agolpaban desde el comienzo de la tarde en las inmediaciones del puente del Bósforo de Estambul. Era el punto de encuentro de las festividades oficiales para conmemorar el primer aniversario del fallido golpe militar en Turquía. Allí, bajo gritos de “¡Dios es grande!” y ondeando banderas turcas, una marea humana, rodeada por un gran contingente policial, aclamaron a su presidente Recep Tayyip Erdogan, que hoy dispone de más poderes que ningún otro antecesor.
Los transportes públicos fueron gratuitos ayer en Estambul y varios transbordadores dispuestos para la ocasión llevaron a miles de personas a los muelles más cercanos al puente, donde esperaban vendedores de banderas y camionetas de reparto gratuito de bocadillos y agua. Un grupo de jóvenes empujaba un muñeco de trapo de tamaño humano en representación de Fethullah Gülen, un predicador islamista exiliado en Estados Unidos, al que las autoridades turcas achacan la responsabilidad de la asonada.
Gülen ha condenado el golpe, pero Ankara da por demostrado que su cofradía, que durante décadas fue ocupando altos cargos en Administración, Judicatura, Policía y en menor medida en el Ejército, era la fuerza impulsora del movimiento.
El primer acto conmemorativo de ayer fue una sesión especial en el Parlamento, en la que el presidente de la institución, Ismail Kahraman, aseguró que “Turquía nunca más se enfrentará a este tipo de calamidades”. También el primer ministro, Binali Yildirim, destacó el fracaso del golpe como una victoria de la democracia y lo comparó a la defensa de la independencia del país en la I Guerra Mundial.
El líder de la oposición, el socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu, por su parte, criticó que no se hubiera aclarado de forma fehaciente el papel de la rama política de los golpistas. “Para que no haya más golpes se debería exponer a quienes colaboraron con la organización gülenista y le ayudaron a alcanzar posiciones de relevancia en el sistema estatal”, dijo Kiliçdaroglu, en alusión al presidente, Recep Tayyip Erdogan, y su partido, el islamista Justicia y Desarrollo (AKP), que hasta 2013 eran estrechos aliados de la cofradía de Gülen.
El portavoz del izquierdista y prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Ahmet Yildirim, aseveró que la asonada estaba siendo explotada para reforzar el poder de Erdogan y subrayó que la represión actual es “igual o peor de lo que podría haber ocurrido si el golpe hubiera tenido éxito”.
El programa de actos continuó en Estambul en la explanada del puente, bautizado como “Puente de los Mártires del 15 de Julio” con una recepción de Erdogan a familiares de los fallecidos en la intentona.
Tras una lectura del Corán, la proyección de un documental, juegos de luces y un discurso de Erdogan, se inauguró un monumento en forma de cúpula blanca en honor a los fallecidos en la noche del golpe.
críticas de Gülen Por su parte, el predicador islamista Fethullah Gülen calificó de “despreciable” y “deplorable” esa asonada y lamentó la “caza de brujas” que se ha desatado desde entonces. “Este último año me he sentido afectado mientras castigaban a cientos de ciudadanos turcos inocentes simplemente porque el Gobierno consideraba que de algún modo estaban vinculados conmigo”, expresó en un comunicado ayer Gülen, que vive exiliado en Pensilvania (Estados Unidos. “Las vidas de demasiados inocentes han oscurecido. Han sido ilegalmente despedidos de sus trabajos, detenidos e incluso torturados, todo bajo la dirección del Gobierno”, añadió.
Gülen, al que Turquía ha pedido en extradición, dijo que Ankara “ha fracasado” en su intento de “convencer a los líderes mundiales de las acusaciones” en su contra y animó a los intelectuales turcos a que “levanten sus voces y se solidaricen con todas las víctimas de la persecución”.
También pidió a los miembros del sistema judicial que “resistan las presiones políticas y defiendan los principios universales de la Justicia”.
En doce meses bajo el estado de emergencia impuesto el 20 de julio de 2016, pocos días después de la asonada, más de 130.000 personas han sido detenidas y unas 50.500 están en prisión preventiva.
Además, 140.000 empleados públicos han sido despedidos de sus puestos de trabajo y los afectados prácticamente no han podido recurrir la medida o reivindicar sus derechos ante los tribunales. - Efe
