Seúl - Lee Jae-yong, heredero y número uno del grupo Samsung, la mayor multinacional de Corea del Sur, fue detenido ayer por su conexión con el caso de corrupción de la Rasputina, una amplia trama cuyo alcance legal continúa extendiéndose. Lee, considerado uno de los hombres más ricos e influyentes del país asiático, fue arrestado ayer por orden de un tribunal acusado de soborno y otros delitos, en el marco del escándalo que causó la caída de la presidenta Park Geun-hye y que también salpica a la cúpula de las principales empresas del país.
El magnate había logrado eludir una anterior petición de detención de la fiscalía por falta de pruebas, aunque en esta ocasión el Tribunal del Distrito Central de Seúl ha ordenado su arresto al tener en cuenta los “nuevos cargos y evidencias adicionales” presentados, según el dictamen.
Los investigadores sospechan que el directivo, de 48 años, autorizó el apoyo financiero de Samsung a Choi Soon-sil, amiga íntima de la presidenta Park Geun-hye y apodada la “Rasputina surcoreana”, a cambio del visto bueno del Gobierno en un acuerdo de fusión de dos de sus filiales. La Fiscalía presentó pruebas adicionales sobre los cargos de soborno, y también acusó al máximo responsable de Samsung de obstrucción a la justicia y de violación de la ley sobre la transferencia de activos en el extranjero. Lee y otros responsables de Samsung han admitido haber abonado unos 43.000 millones de wones (35 millones de euros) a entidades supuestamente controladas por la Rasputina, apodada así por su amistad con la presidenta y su capacidad para influir en decisiones del Gobierno.
El detenido es nieto del fundador de Samsung, Lee Byung-chul, y asumió las riendas del conglomerado, aunque no de manera oficial, el pasado octubre después de que su padre, Lee Kun-hee, sufriera un infarto en mayo de 2014 que lo mantiene hospitalizado y sin habla. La noticia ha sembrado inquietud en el sector privado surcoreano por sus eventuales efectos colaterales sobre la economía nacional, de la que el grupo Samsung representa casi un 20%, así como por la posibilidad de que otras, de las 53 empresas investigadas, sean objeto de medidas judiciales similares.- Efe
