londres - Los gobiernos de Escocia y Gales recibieron ayer autorización del Tribunal Supremo británico para hacer alegatos durante la vista del recurso del Ejecutivo de Londres contra un dictamen judicial que le obliga a consultar con el Parlamento antes de ejecutar el Brexit. El Supremo, máxima instancia judicial del Reino Unido, aprobó la solicitud de ambos Ejecutivos autonómicos, mientras que Irlanda del Norte ya contaba con la venia.

En el caso de Escocia, el tribunal quiere escuchar los argumentos sobre el asunto desde la perspectiva de la legislación escocesa, que difiere en algunos aspectos de la que se aplica en el resto del territorio británico.

También ha sido autorizado a defender su posición el Sindicato Independiente de Trabajadores, que representa a personas en los empleos peor pagados.

Once jueces del Tribunal Supremo analizarán entre el 5 y el 8 de diciembre el recurso elevado por el Gobierno conservador de la primera ministra británica, Theresa May, y se espera que pronuncien su sentencia el año próximo. El Gobierno ha recurrido el fallo emitido el pasado 3 de noviembre por el Tribunal Superior, que dictaminó que el Ejecutivo no puede utilizar la llamada prerrogativa real para invocar de forma unilateral el artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que daría inicio a los dos años de negociaciones con Bruselas para pactar la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

En cambio, el Gobierno debe someter la activación del artículo 50 a una votación parlamentaria, que autorizaría, o no, el inicio del proceso negociador.La demanda contra el Ejecutivo de May, que quiere evitar consultar con el Parlamento antes de empezar a negociar para “no revelar sus cartas”, fue planteada por un grupo de ciudadanos, entre ellos la empresaria Gina Miller y el peluquero Deir Dos Santos. Una vez se conoció la sentencia del Superior, los gobiernos galés y escocés ya indicaron que solicitarían intervenir contra el recurso del gobierno.

May ha expresado a sus colegas europeos la convicción de que ganará el proceso en el Tribunal Supremo y mantiene el calendario previsto para activar el artículo 50 a finales del primer trimestre de 2017. - Efe