Bruselas - La Comisión Europea (CE) propuso ayer implantar un sistema de información y autorización de viajes para los ciudadanos de terceros países que quieran entrar en el espacio Schengen y no necesiten visado, que deberán abonar una tasa de cinco euros. Se trata de un nuevo instrumento para reforzar la seguridad de la frontera exterior, porque con él quedarán registradas las entradas de los extracomunitarios en el espacio sin fronteras Schengen y porque será capaz de cruzar la información con otras bases de datos, incluidas las de Europol, Eurodac e Interpol. Con ello, la Unión Europea podrá saber antes de que llegue el viajero si es una “potencial amenaza de seguridad” antes de llegar la frontera comunitaria o si plantea un “riesgo migratorio”, porque en visitas anteriores haya superado el periodo de 90 días al que está sujeta la entrada sin visado de extracomunitarios. “Es bueno para la seguridad y bueno para una experiencia de viaje más ligera. Será barato, sencillo y tendrá una duración de cinco años”, resumía el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en la rueda de prensa en la que ha presentado la propuesta.

El llamado “Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes” (ETIAS, por sus siglas en inglés) pretende reforzar los controles de seguridad y de inmigración en la Unión Europea. “La seguridad de nuestras fronteras y la protección de nuestros ciudadanos son nuestra prioridad absoluta. El ETIAS subsanará la carencia de información al cruzar los datos de los solicitantes exentos de visado con los de todos nuestros demás sistemas”, dijo Timmermans. Al mismo tiempo, el sistema será “sencillo, rápido, barato y eficaz”, añadió Timmermans, quien confió en que la propuesta reciba lo antes posible el visto bueno del Consejo (países de la UE) y del Parlamento Europeo, instituciones de deben aprobarlo para que pueda entrar en vigor. Bruselas espera que el sistema esté operativo como muy pronto en 2020.

en unos pocos minutos De implantarse, las personas originarias de los países a los que la UE no exige visado seguirán estando libres de ese requisito, pero tendrán que obtener una autorización de viaje previa a su entrada en el espacio Schengen. Tras la solicitud, un sistema automatizado efectuará una serie de controles para decidir si se expide o se deniega la autorización de viaje a la UE. Aunque la decisión final de permitir o rechazar la entrada corresponderá a los guardias nacionales que lleven a cabo los controles fronterizos, las comprobaciones previas facilitarán las inspecciones. Según la CE, en la mayoría de los casos la autorización se concederá en unos diez minutos y requerirá solo un documento de viaje válido. En el 95% de los casos, los solicitantes obtendrán una aprobación automática, mientras que del restante 5% una buena parte (calculado entre el 3 y el 4%) recibirá una decisión positiva en un momento posterior. Los interesados a los que se deniegue la autorización, podrán recurrir la decisión. La tasa de solicitud será de cinco euros y la autorización obtenida tendrá una validez de cinco años y podrá utilizarse para múltiples viajes.

Cuando transcurran los cinco años, los datos personales del interesado serán borrados automáticamente del sistema. El mecanismo ayudará a identificar posibles casos de inmigración irregular o a las personas que puedan implicar un “riesgo” desde el punto de vista de la seguridad, según la CE.

El comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, dijo que el sistema contribuirá a una gestión más eficaz de las fronteras exteriores de la UE y mejorará la seguridad interior. Añadió que el coste del sistema, tanto para los viajeros como para la UE, será “mínimo”. Bruselas no quiere participar en “especulaciones” sobre en qué situación quedarán los británicos cuando se consume el Brexit, ya que las condiciones de salida están por negociar, pero Avramopoulos avisó de que Reino Unido pasará a ser tratado como un “país tercero”.

El desarrollo del sistema ascenderá a 212 millones de euros y sus operaciones anuales costarán unos 85 millones. El ETIAS será gestionado por la Guardia Europea de Fronteras y Costas en colaboración con las autoridades de los países y de Europol, que tendrán acceso al sistema “bajo estrictas condiciones”, para la prevención, detección o investigación de casos de terrorismo y otros delitos graves. El sistema contará con una unidad central y con unidades nacionales, que se establecerán en los Estados del espacio Schengen y tendrán como responsabilidad principal el llevar a cabo evaluaciones de riesgo y decidir sobre la autorización de los viajes para aquellos que hayan sido rechazados en el proceso de solicitud automático. Desde los atentados de 2015 y 2016 en París y Bruselas, respectivamente, la Comisión Europea se ha propuesto incrementar los controles. - Efe/E.P.