Bogotá - Los colombianos acuden hoy a las urnas para dar su visto bueno -o no- a los acuerdos de paz alcanzados entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC tras cuatro años de intensas negociaciones en La Habana, un pacto que aunque no convence al 100%, es visto como la gran oportunidad del país para poner fin a medio siglo de guerra. Cinco son los puntos que contiene el texto final -política de desarrollo agrario, participación política, drogas ilícitas, víctimas y mecanismos para la finalización del conflicto-, pero son dos los que han generado más debate en el país.
En primer lugar, la futura participación de los guerrilleros desmovilizados en la vida política del país -el acuerdo asegura una mínima representación en el Congreso para la guerrilla en las próximas dos legislaturas-. Pero sin duda el que ha generado más polémica es el de la justicia transicional. Este acuerdo, al que Gobierno y FARC llegaron el 15 de diciembre de 2015 -la negociación más larga de todo el proceso-, se basa en el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Para ello contempla la creación de una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, un órgano temporal de tres años y de carácter extrajudicial, y de un Tribunal Especial para la Paz, que se encargará de aplicar la justicia transicional para los delitos no amnistiables ni indultables -tanto a los guerrilleros como a agentes del Estado-.
“En Colombia vamos a tener una comisión de la verdad trabajando a la vez que un sistema de justicia en el mismo momento. Eso es una situación nueva”, explica Carlos Beristain, experto en víctimas y comisiones de la verdad. Al igual que Beristain, Rainer Huhle, miembro del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg y experto en justicia transicional, coincide en resaltar el carácter genuino de este proceso. “Lo que pasó en Colombia fue muy único, muy particular, que se debe a muchas circunstancias que son muy de Colombia y que no encuentras ni siquiera en otros países de Latinoamérica”, sostiene. “Las víctimas han jugado un rol mucho más visible en este proceso”, destaca Huhle.
El Tribunal Especial para la Paz podrá imponer tres tipos de sanciones: propias, alternativas y ordinarias. Las sanciones propias se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad respecto a determinadas violaciones e infracciones muy graves. “Tendrán un contenido restaurativo y reparador, así como un componente de restricción efectiva de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento. Tendrán una duración de entre 5 y 8 años”, señala el acuerdo. Las alternativas se impondrán a quienes reconozcan tardíamente verdad y responsabilidad, antes de que se dicte la sentencia. “Tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años”, refiere el acuerdo.
Por su parte, las ordinarias se impondrán a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por parte del Tribunal. “Tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad. En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20, en el caso de conductas muy graves”, advierte el texto.
Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han mostrado sus reservas sobre este punto del acuerdo. “Consideramos que dicho proyecto de ley contiene serias inconsistencias que podrían utilizarse para limitar indebidamente la rendición de cuentas de responsables de graves abusos”, señaló el mismo día de la firma José Miguel Vivanco, director de HRW para América Latina.
Al respecto, Carlos Beristain analiza: “El derecho a la paz y el derecho a la justicia tienen que conjugarse de alguna manera. La fiscalía de la Corte Penal Internacional ha dado una opinión favorable a los términos del acuerdo y mucho de eso va a depender de la implementación del acuerdo porque tiene sus complejidades jurídicas y prácticas. Se necesita una sociedad civil colombiana preparada y participando en las discusiones”. “En Colombia, la mayoría de las voces aceptan este punto, tal vez a regañadientes. Hace diez años se ofreció lo mismo a los paramilitares”, recuerda, por su parte, Huhle. De hecho, el principal crítico del acuerdo con las FARC, el expresidente Álvaro Uribe, fue el impulsor de la desmovilización de los grupos paramilitares.
El acuerdo contempla también una amnistía, que no se ha anunciado aún, para delitos que no sean crímenes de guerra o de lesa humanidad, lo que se considera “delitos políticos y conexos”, y que, según Beristain, podrían incluir “las actividades delictivas ligadas al narcotráfico para la financiación de la guerra”.
Los desafíos Sin embargo, una vez dada por finalizada la guerra, los desafíos en materia de derechos humanos siguen siendo enormes para Colombia. “En primer lugar que la comisión de la verdad sea potente, que facilite espacios de participación de las víctimas, reconocimiento de la verdad, acciones restaurativas en las comunidades afectadas. El objetivo es que no sea solamente una investigación de los hechos”, sostiene Beristain. Pero hay más: cómo se va a aplicar la justicia, garantías de seguridad para los desmovilizados -que no vuelva a repetirse una persecución y exterminio como el que sufrieron los miembros de Unión Patriótica en los 80- “y que el ELN se incorpore al acuerdo”. “Va a ser muy difícil llevar adelante el trabajo de la comisión y el tribunal si continúa el conflicto con el ELN”, asegura el experto en víctimas y comisiones de la verdad vasco.
“Pero además tiene que haber un mayor control sobre los grupos neoparamilitares. El Gobierno los llama bandas criminales (Bacrim), pero son los grupos paramilitares que se desmovilizaron durante el Gobierno de Uribe que se han reorganizado y están presentes en muchas zonas del país matando líderes”, explica Beristain. Huhle enumera otro desafío: “La presión sobre defensores de derechos humanos, líderes sociales y líderes campesino ha aumentado. Hay grupos que están ocupando los espacios que las FARC están abandonando”, advierte.
Política de desarrollo integral. Incluye aspectos como el acceso y uso de la tierra, en el que destaca la creación de un fondo de tierras para campesinos desposeídos y un plan masivo de formalización de la propiedad.
Participación política. Incluye garantías para la oposición política y la ruptura del vínculo entre política y armas que permitirá a las FARC convertirse en movimiento político.
Drogas ilícitas. Creación de un programa nacional integral de sustitución y desarrollo alternativo de los cultivos de coca. Dirigir el consumo de drogas con un enfoque de salud pública.
Víctimas. Incluye el apartado de justicia transicional. Uno de los aspectos clave es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
Fin del conflicto. Establece que un día después de la firma del acuerdo, en 180 la guerrilla deberá entregar las armas, la desmovilización y la celebración del referéndum. Además, incluye garantías de seguridad para la guerrilla.
