París - La oposición lanzada en Francia contra la reforma laboral derivó ayer en un nuevo pulso entre Gobierno de François Hollande y los sindicatos con una huelga de trenes a la que seguirán protestas y paros en el metro y la aviación civil, que a tan solo diez días de la Eurocopa de fútbol incrementan la presión social contra el Ejecutivo galo.
Los paros en la compañía pública francesa de ferrocarriles SNCF, “transportista oficial” de la competición deportiva, comenzaron ayer a partir de las 19.00 horas pero se anuncian prorrogables y por lo tanto ilimitados.
La empresa garantizó ayer seis de cada diez trenes de alta velocidad y cuatro de cada diez en la periferia parisina, así como uno de cada dos regionales y uno de cada tres líneas de largo recorrido que no son de alta velocidad (Intercités). La SNCF prometió también trenes suplementarios para intentar elevar los niveles de tráfico anunciados, pero de cumplirse sus previsiones, funcionarán por ejemplo solamente el 40% de los Elipsos, que cubren líneas con el Estado español, o uno de cada tres SVI, que enlazan con Italia.
El llamamiento fue promovido por tres sindicatos, con la CGT al frente, cuyo líder, Philippe Martínez, encarna el ala más dura contra el polémico proyecto de ley desde que a mediados de febrero se filtraron sus primeras disposiciones. Consciente del daño que puede hacer a la imagen de Francia un país paralizado en un momento en que acaparará la atención mundial por la Eurocopa de fútbol, el Gobierno intenta cerrar los frentes abiertos y este fin de semana el primer ministro, Manuel Valls, llamó personalmente a Martínez.
“Hablar es mejor que decir mi puerta está abierta, pero no vamos a discutir”, admitió el líder sindicalista, a quien se le atribuye una postura más conciliadora tras centrar su atención no tanto en su retirada como en cuatro de sus principales artículos, sobre todo el que privilegia los acuerdos dentro de la empresa a los convenios colectivos.
Valls dice que no reculará La posibilidad de un acercamiento real entre las partes, no obstante, está lejos de parecer garantizada: Valls mantuvo ayer que “recular sería una falta política” y expresó su voluntad de “mantener el fondo del texto”, incluido el punto contestado.
En esa misma línea, el presidente, François Hollande, reiteró en una entrevista concedida al diario Sud Ouest que no se va a retirar ni el proyecto de ley ni el mencionado artículo, defendido también por la patronal francesa Medef.
Aunque esta semana no están previstas manifestaciones, la huelga de ayer da paso a una compleja batería de paros a la que desde el jueves se sumarán los puertos y los transportes metropolitanos de París, y el viernes los controladores aéreos, con tres jornadas consecutivas no solo en rechazo a la reforma laboral sino también en defensa de sus condiciones.
La gran protesta nacional se reserva para el 14 de junio, un día después de la llegada del texto al Senado, donde será examinado hasta el 24 y se votará el 28 de ese mes, antes de volver a la Asamblea en caso de que se introduzcan allí cambios.
Ante la persistencia de los bloqueos, la patronal llamó ayer a todas las empresas que se vean afectadas por estos a presentar una denuncia, y destacó que en pleno siglo XXI no se pueden aceptar acciones “que impiden a los empleados desplazarse y añaden leña al fuego”.
El 57% de los franceses creen que el Gobierno va a acabar por ceder e introducir modificaciones, según la encuesta más reciente, aunque hay división sobre la pertinencia de suprimir el texto: el 46% son partidarios de su eliminación y el 53% abogan por conservarlo.
El debate se extendió al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presente ayer en París, quien defendió esa reforma al estimar que es “un mínimo de lo que hay que hacer”, pero evitó profundizar en este comentario al advertir contra los efectos de una excesiva flexibilidad laboral.
