estrasburgo - La Eurocámara dio ayer su visto bueno a la puesta en marcha del dispositivo europeo para el registro en fichero de los pasajeros aéreos y lo hizo en paralelo a la aprobación del paquete legislativo para garantizar la protección de datos, que obliga a transparencia a los actores de internet. El registro de pasajeros (PNR en sus siglas en inglés), presentado por sus defensores en particular como un instrumento de lucha antiterrorista, fue respaldado por una amplia mayoría de 461 diputados (179 se pronunciaron en contra y 9 se abstuvieron) al término de un largo proceso de cinco años no exento de polémica.

El Partido Popular Europeo (PPE) fue desde el principio su gran valedor en la Eurocámara, mientras que entre los socialistas (mucho más que en las filas de otros grupos) hubo algunos que mostraban una cierta prevención por los riesgos de intromisión en la privacidad, y eso redundó en cambios hasta el texto final.

En el último año también ejerció una presión explícita el Gobierno francés, con el argumento de que los atentados perpetrados en su territorio en 2015 se planificaron o se prepararon en el extranjero, y en nombre de la acción contra las redes yihadistas que se sirven de la libre circulación en el interior de Europa y de la falta de comunicación entre servicios secretos para borrar trazas.

El PNR europeo compilará, de forma armonizada en cada uno de los 27 países del dispositivo europeo (Dinamarca está excluida) mediante una Unidad de Información sobre los Pasajeros (UIP), una serie de informaciones que tienen las compañías aéreas desde el momento en que se hace una reserva, como el nombre, las fechas de viaje, el itinerario o la modalidad de pago.

Las informaciones se intercambiarán, bien a petición específica de un país que esté siguiendo el rastro de un sospechoso que pueda volar desde o hasta otro Estado de la UE, bien a iniciativa de la UIP si estima que hay informaciones que podrían ser interesantes para las fuerzas del orden de tal o cuál lugar.

En cualquier paso, los ficheros sólo podrán utilizarse para una lista restringida de delitos graves, como el terrorismo, y no habrá una circulación sistemática entre los 27 países implicados, como lo habrían querido los nacionalistas vascos -sometieron, infructuosamente, una enmienda para conseguirlo-, tachada por la gran coalición entre populares y socialistas de más invasiva para la privacidad y que podía restarle eficacia.

en contra de la directiva La europarlamentaria vasca, Izaskun Bilbao, considera que el intercambio de datos debería de ser obligatorio y no estar supeditado a los estados, que es lo que sucede en la actualidad. Estamos de acuerdo con la recogida de estos datos, pero estamos en contra de que los estados no los compartan de manera obligatotia”, señalaba. Y es que para poder obtenerlos se abre un ptrotocolo mediante el cual primero deben ser solicitados y posteriormente debe analizarse la petición y si se considera que la petición recibida reúne todos los requisitos, enviados al país solicitante.

Desde EH Bildu, Josu Juaristi, también rechazaba la medida aprobada ayer, pero por razones bien distintas. “La directiva aprobada es invasiva e innecesaria. Las instituciones europeas deberían preocuparse más con la protección de las libertades civiles de la ciudadanía”. A Juaristi esta normativa le genera ciertas dudas. “no queda claro cuál será el destino de toda esa información cuando el objetivo no esté realmente justificado, por lo que uso será totalmente arbitrario”, señalaba.

Los datos sólo se conservarán de forma íntegra durante seis meses, al cabo de los cuales se enmascararán los elementos que identifican a cada pasajero, y se suprimirán tras cinco años. En cada UIP habrá un responsable de la protección de datos, que además tendrá que atenerse al otro gran paquete legislativo adoptado ayer por la Eurocámara, en este caso resultado de un proceso con más consenso todavía, y que sustituye las reglas actualmente en vigor de 1995 que todos consideraban superadas por el desarrollo de internet desde entonces.

Con él se trata de que los ciudadanos puedan ejercer un mayor control de sus datos personales que circulan por la red (se contempla el llamado “derecho al olvido”, el consentimiento parental para que niños o adolescentes abran cuentas propias), pero también fijar reglas claras y armonizadas para las empresas del sector. El comisario europeo de Interior, Dimitris Avramopoulos, que defendió durante el debate que el PNR es “un instrumento eficaz en la lucha contra el terrorismo y los delitos graves”, avanzó que presionará a los Estados para que lo implementen “lo más pronto posible”, sin agotar el plazo máximo de dos años que tienen.

Avramopoulos y el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, hicieron notar en un comunicado que los “atroces atentados terroristas” de París el 13 de noviembre y de Bruselas el 22 de marzo necesitan una “respuesta común” europea y la directiva del PNR será “una importante contribución”. A juicio de ambos, no sólo mejorará la seguridad de los ciudadanos, sino que paralelamente incluye “salvaguardas” para garantizar la privacidad y la protección de datos personales.

Precisamente, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, señaló que más allá de las diferencias políticas, ayer en la cámara hubo “una amplia mayoría” en respaldo de estas normas e hizo notar que durante la tramitación parlamentaria se habían conseguido “importantes avances” que harán la aplicación del dispositivo “tanto proporcionada como efectiva”. - Efe