PARÍS. "Las evoluciones de la sociedad no se hacen a golpe de código penal. No lo haremos con una ley. No quiero dividir a Francia en dos, entre los partidarios de dar un azote a un niño y los que están en contra", afirmó Rossignol.
Según la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), publicada hoy pero adelantada el pasado lunes por el vespertino "Le Monde", la legislación francesa "no prevé una prohibición suficientemente clara, obligatoria y precisa" de los castigos físicos a los niños.
El Código Penal no permite la violencia grave, pero pervive "una incertidumbre sobre un 'derecho de corrección' reconocido por la justicia".
Y esa falta de claridad constituye, según el CEDS, una violación de la Carta Social Europea, ratificada por Francia en 1999, por lo que emitió esta alerta, la primera que hace este organismo tras la denuncia presentada por una ONG.
Fue la británica Asociación para la Protección de los Niños (APPROACH) quien acudió a este organismo paneuropeo para denunciar la "ausencia de prohibición explícita y efectiva de todo castigo físico a un niño en el entorno familiar, escolar u otros".
La sanción no implica una multa, pero puede conducir a que Francia sea condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los diputados ecologistas introdujeron en mayo pasado una enmienda destinada a prohibir de forma explícita pegar a los niños, pero finalmente fue retirada.
A día de hoy, 27 de los 47 miembros del Consejo de Europa tienen legislaciones que penan los castigos físicos.
En Francia, el 82 % de los ciudadanos se opone a prohibir el azote a los niños, según un reciente estudio.
Aunque el número de personas que confiesa haber pegado a un niño ha disminuido, pasando del 84 % en 1999 al 67 % diez años más tarde.