Valls reta a la izquierda de su partido con otro giro liberal

Bautizada en los medios como ley Macron -por ser obra del ministro de Economía, Emmanuel Macron-, la normativa será sometida a partir del 22 de enero al debate parlamentario, que se presenta complicado por la oposición del frente izquierdista del propio Partido Socialista (PS) en el poder.

La medida que más ampollas ha levantado en el seno disidente de la mayoría gubernamental es la relativa a la apertura de los comercios los domingos, que se amplía de cinco a doce anuales y permite la creación de más “zonas turísticas internacionales” en las que esta sea posible todo el año.

Ese punto, rechazado también por los sindicatos o por la Alcaldía de París -que pierde competencias en la autorización de esos horarios-, contempla una compensación obligatoria para los trabajadores, aunque se confía en que sirva de apoyo al sector turístico y revitalice la actividad a través del aumento del consumo.

Para sus detractores, tal y como lo afirmó ayer en un artículo de opinión en el diario Le Monde la excandidata presidencial y actual alcaldesa de Lille, Martine Aubry, no se trata solo de una “reforma subalterna”, sino de “un cuestionamiento de los principios de la izquierda”. “Muchas críticas se han olvidado de que la ley no obliga (ahora) a una compensación y de que este texto las introduce”, replicó ayer Macron en la presentación del paquete, que debe -consideró- ponerse en práctica con rapidez “porque la situación económica del país así lo requiere”. El primer ministro, Manuel Valls, que detalló junto a Macron el proyecto, insistió en que este no sirve más que al “interés general” con el objetivo de “desatascar” el país, que registra un nivel de paro cercano al 10% y una deuda pública del 95,6% del Producto Interior Bruto.

Tarifas profesionales La nueva ley prevé también facilitar el ejercicio de ciertas profesiones liberales, como notarios y abogados, para corregir las tarifas, simplificar la instalación de nuevos profesionales y garantizar una mejor cobertura territorial de ese servicio en beneficio de los ciudadanos.

Otro punto que enfrenta al Ejecutivo con los sectores afectados, en este caso las sociedades concesionarias de autopistas, es el que apuesta por reforzar la regulación de las tarifas de los peajes, que han aumentado un 25% en los últimos diez años, y por garantizar un mejor acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado.

La ley se dispone además a estimular las inversiones y acelerar los grandes proyectos, con la simplificación de los trámites y permisos necesarios, así como a agilizar las opciones de venta de las participaciones del Estado para dinamizar la economía.

El Gobierno, según precisó ayer Economía, tiene ya la vista puesta en las compañías que gestionan los aeropuertos de Lyon y Niza-Costa Azul, en el sur del país.

La presentación del proyecto en el Elíseo, con los titulares de Economía, Trabajo, Justicia, Finanzas y Vivienda, refleja el calado que se otorga a este paquete, equivalente en importancia al plan de ahorro de 50.000 millones de euros para 2017 y al que previó la reducción de 22 a 13 en el número de regiones.

Y, por si acaso, Valls ya anticipó ayer que su tramitación parlamentaria y el debate al que se dice dispuesto no rebajarán sus intenciones.

“Es ambicioso y lo seguirá siendo. Hay que adaptarse a la realidad del mundo, y eso es lo que hacemos con este texto”, concluyó el jefe del Gobierno, para quien el plan se inscribe “plenamente” en el programa de reformas emprendido bajo el mandato del presidente de François Hollande.

Ampliación de cinco a doce del número de domingos en que los comercios pueden abrir al año.

Creación de ciertas “zonas turísticas internacionales” en las que se permitirá trabajar todos los días del año.

Instauración de una compensación salarial obligatoria para los trabajadores que se vean obligados a trabajar en domingo.

Aplicación de márgenes de tarifas “razonables” con un nuevo baremo fijado por decreto a partir de 2015.

Simplificación de las condiciones de instalación por cuenta propia para promover una mayor igualdad de oportunidades y mejor distribución territorial.

Ampliación de la zona en la que un abogado puede representar oficialmente a sus clientes.

Apertura de la explotación de una serie de líneas de autocares a nivel nacional, que hasta ahora están en una situación de cuasi-monopolio de las autoridades locales.

Regulación de la gestión de las concesiones de autopistas para contener las subidas de precios.

Reducción de los plazos de espera para acceder a la obtención del permiso nacional de conducir.

justicia laboral

Reducción de los plazos, mejor formación de los consejeros y agrupación de los contenciosos cuando sea posible.

Agilización de la venta de las participaciones del Estado para que este pueda financiar sus prioridades.

Posibilidad de que un juez obligue a la venta de las acciones de los dueños de empresas en dificultades económicas, en beneficio de quienes presenten un plan creíble de mantenimiento de la compañía y de los empleos.

Reducción y simplificación de los trámites para poder emprender grandes proyectos industriales o en materia de urbanismo.