parís. La justicia francesa confirmó ayer la imputación de Nicolas Sarkozy en el caso de Liliane Bettencourt cuando diversos signos mostraban la voluntad de volver a la primera línea política del expresidente, sospechoso de aprovecharse de esa multimillonaria anciana para financiar su campaña electoral de 2007. El Tribunal de Apelación de Burdeos contrarió, al menos provisionalmente, esos planes políticos al validar la instrucción del juez Jean-Michel Gentil sobre el presunto abuso de Liliane Bettencourt por parte de los doce imputados en este caso, entre ellos el conservador Sarkozy.

El tribunal consideró que, salvo unas escuchas telefónicas a uno de los inculpados y unos interrogatorios a otro, la instrucción no estaba viciada como pretendían los abogados de los encausados.

aprovecharse de su fortuna Los letrados pretendían desarbolar el trabajo del magistrado sobre todo cuestionando el examen médico por sorpresa del que fue objeto la anciana millonaria el 7 de junio de 2011, y en la que los peritos judiciales concluyeron que sufría un estado de senilidad y demencia desde septiembre de 2006 que la había hecho vulnerable a que abusaran de su debilidad para aprovecharse de su fortuna.

Criticaban en particular que ese peritaje, en el que participaron cinco expertos, lo hubiera llevado a cabo la forense Sophie Gromb, con el argumento de que en tanto que amiga personal de Gentil no fue imparcial en el análisis de la situación mental de la heredera de L'Oréal, que tenía entonces 84 años.

Había sido la hija de Liliane Bettencourt, Françoise, que estaba reñida con su madre porque veía con malos ojos a muchas personas de su entorno, empezando por el gestor de su fortuna, Patrice de Maistre, y el artista François-Marie Banier, la que forzó ese examen psiquiátrico, que se llevó a cabo de imprevisto una mañana sacando de la cama a la anciana, que tiene problemas de audición.

El abogado de Françoise Bettencourt-Meyers se felicitó del pronunciamiento de ayer, después de "cinco años de procedimiento", mientras que a falta de una reacción directa de Sarkozy, uno de sus más incondicionales apoyos políticos, su exministra Nadine Morano, manifestó "dudas" sobre "la imparcialidad" de los jueces. Una vez conocido el dictamen desfavorable de la sala, los imputados pueden recurrir al Tribunal Supremo, aunque eso no tiene carácter suspensivo, de forma que el instructor puede concluir su trabajo y determinar quiénes de los acusados tendrán que sentarse en el banquillo.