El Cairo. Un tribunal de El Cairo ordenó ayer la puesta en libertad provisional del expresidente Hosni Mubarak por el último caso, de corrupción, por el que debía permanecer en prisión, según fuentes de la acusación, que señalaron que la fiscalía deberá estudiar ahora su posible excarcelación. El abogado de la acusación Asaad Hekal explicó que la fiscalía egipcia deberá decidir si recurre la decisión del tribunal de poner a Mubarak en libertad provisional, al haber expirado el plazo máximo para seguir en prisión preventiva. No obstante, las autoridades militares ordenaron que el expresidente permanezca bajo arresto domiciliario "en el marco del estado de emergencia", anunció la televisión estatal.

La corte ordenó la libertad provisional de Mubarak al aceptar un recurso en la causa por la que estaba acusado de obtener anualmente regalos valorados en millones de libras egipcias de manos del conglomerado de instituciones periodísticas estatales Al Ahram. La agencia oficial Mena informó de que el abogado de Mubarak, Farid el Dib, pidió su libertad provisional, mientras que el jefe de la fiscalía de fondos públicos, Mohamed al Berlisi, había reclamado que se confirmase la prisión preventiva. De acuerdo con los medios oficiales egipcios, el tribunal entiende que Mubarak ya ha recibido órdenes de su puesta en libertad provisional en todas las causas por las que está siendo procesado, por lo que deberá ser excarcelado.

Sin embargo, Hekal insistió en que la fiscalía tiene la última palabra, ya que puede apelar esa decisión en las próximas horas. Pese a que la confusión predomina acerca del futuro inmediato de Mubarak, todas las fuentes coinciden en señalar que el exmandatario debe afrontar todavía varios procesos, comenzando por la sesión prevista para el próximo domingo del juicio contra él por la muerte de manifestantes durante la revolución que lo derrocó en 2011.

Hace dos días, una corte ya ordenó la libertad provisional de Mubarak por otro caso de corrupción relacionado con el desvío de fondos públicos para construir y rehabilitar sus mansiones particulares. Mubarak afronta además, con sus dos hijos y el empresario fugado Husein Salem, cargos de enriquecimiento ilícito y daño premeditado a los fondos públicos relacionados con la venta de gas a Israel.

Rechazo a la liberación El grupo juvenil Tamarrud, instigador de las protestas previas al golpe de estado que depuso al presidente Mohamed Mursi, rechazó ayer que el exmandatario Hosni Mubarak salga de la cárcel tras la decisión judicial que ha ordenado su puesta en libertad provisional. Tamarrud (Rebelión) pidió a las autoridades que aprovechen sus poderes legales bajo el estado de emergencia para retener a Mubarak, quien, según su defensa, podría ser liberado en las próximas horas.

El movimiento exigió al presidente, Adli Mansur, y al primer ministro, Hazem al Beblaui, que adopten esta decisión porque la liberación del exmandatario supone un "peligro para la seguridad nacional egipcia".

El grupo aseguró que el pueblo egipcio tiene derecho a repetir los juicios contra Mubarak y sus ayudantes. "La revolución del 25 de enero y su ola del pasado 30 de junio no van a permitir que sean absueltos los asesinatos de manifestantes", señaló. El grupo culpó, asimismo, al Gobierno islamista de Mursi y a su entonces fiscal general, Talaat Abdalá, por no haber tomado en consideración los informes de los comités de investigación y por no haber aprobado una ley de justicia transicional que juzgue a los culpables del asesinato de manifestantes y de corrupción. El comunicado reveló que Tamarrud organizará un "juicio popular" contra Mubarak en los próximos días porque no puede "callar ante la liberación de quien asesinó al pueblo egipcio".

Mientras, el pulso de los seguidores del presidente islamista Mohamed Mursi sigue a pesar de la represión en las calles y el cerco político y judicial a sus militantes y dirigentes de los Hermanos Musulmanes. La Coalición Nacional de Defensa de la Legitimidad convocó ayer una protesta para mañana bajo el lema Viernes de Martires para protestar el golpe de estado militar del pasado 3 de julio. El último Viernes de la Ira dejó 179 muertos en el país.