londres. Las autoridades británicas defendieron ayer su decisión de retener en un aeropuerto durante nueve horas, en virtud de la ley antiterrorista, a un brasileño relacionado con las revelaciones sobre el espionaje de EEUU del diario The Guardian. La detención el domingo de David Miranda, novio del reportero de ese rotativo que divulgó el masivo espionaje en Internet de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense, ha provocado una intensa polémica en el Reino Unido, críticas de las asociaciones de periodistas y un problema diplomático con Brasil.

Miranda, de 28 años, fue retenido e interrogado en Heathrow por seis agentes británicos durante nueve horas, el máximo que permite la legislación antiterrorista sin presentar cargos, y se le decomisaron dispositivos electrónicos como su ordenador, móvil y memorias, según ha relatado él mismo. El joven amenazó ayer con acciones legales contra las autoridades británicas por su detención "ilegal" y para evitar que se produzca una "inspección, copia, divulgación, distribución o interferencia" de la información que guardaba en esos aparatos electrónicos. David Miranda vive en Río de Janeiro con el reportero Glenn Greenwald, que desde junio ha divulgado en The Guardian miles de documentos filtrados por el extécnico de la CIA Edward Snowden sobre el masivo espionaje de comunicaciones por Estados Unidos. El joven hacía escala en Londres en su viaje de regreso a Brasil tras recoger en Berlín archivos entregados por una colaboradora de Greenwald en el caso Snowden.

El Ministerio británico de Interior defendió ayer la aplicación de la ley antiterrorista en su caso, al señalar que "si la policía cree que un individuo está en posesión de información robada altamente sensible que podría ayudar al terrorismo, debe actuar". El director del diario británico, Alan Rusbridge, aseguró ayer en el rotativo que las autoridades de Londres le obligaron hace un mes a destruir copias del material confidencial entregado por Snowden o se enfrentaría a una demanda legal. Según Rusbridge, lo ocurrido demuestra que "la amenaza contra el periodismo es real y está creciendo". Ante las críticas de las asociaciones de periodistas y organizaciones civiles y la petición del Partido Laborista para que se revise la ley antiterrorista, Scotland Yard afirmó: "Nuestra valoración es que la aplicación de esos poderes en este caso fue válida legalmente".