Dublín. QUINCE años después del atentado de Omagh y sin sus responsables en la cárcel, las víctimas piden a los Gobiernos británico e irlandés que "cuenten la verdad" y reclaman la ayuda de España, dijo a Efe Michael Gallagher, padre de uno de los fallecidos. Veintinueve personas, dos de ellas españolas, fallecieron el 15 de agosto de 1998 en la explosión de un coche bomba estacionado en pleno centro comercial de esa localidad del oeste de Irlanda del Norte.

Era la tarjeta de presentación de los disidentes del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), opuestos al Acuerdo de paz del Viernes Santo, cuya firma, cuatro meses antes, aspiraba a poner fin a casi tres décadas de violencia en la provincia británica. Con el proceso político ya consolidado, el atentado más sangriento del conflicto sigue sin castigo, se lamenta Gallagher, cabeza visible del Grupo de Autoayuda y Apoyo de Omagh. "A principios de este año, entregamos un informe al Gobierno español, al Ministerio del Interior, y le dije a su representante que la muerte de los dos ciudadanos españoles en el atentado se podría haber evitado si las autoridades (británicas e irlandesas) hubiesen actuado correctamente", relata el activista.

El informe en cuestión, entregado el pasado año a Londres y Dublín, es fruto de las investigaciones desarrolladas por una consultora londinense a petición del Grupo que demuestra, dice, que la Policía tanto del sur como del norte de Irlanda contaba con información que le hubiera permitido interceptar a los responsables de la matanza. Con este "contundente mensaje", las familias piden a los Gobiernos británico e irlandés el establecimiento de un tribunal especial transfronterizo que investigue si las autoridades pudieron haber hecho más para evitar el atentado y si cometieron alguna negligencia al respecto. "Queremos que trabajen con nosotros, pero si no lo hacen iremos a los tribunales ordinarios para que decidan si tenemos razón o no", advierte Gallagher.

Fallos policiales No está solo. Cuenta con el apoyo, entre otros, de la baronesa Nuala O'Loan, ex defensora del pueblo ante la Policía norirlandesa; de Bob Quick, ex jefe de operaciones antiterroristas de Scotland Yard, de Amnistía Internacional o del Parlamento británico. Ahora también quiere que se sume a la petición de una investigación transparente España, un país, dijo, donde "no se premia a los terroristas". "Hace unos años hubiese dicho que hubo fallos humanos, falta de experiencia... Pero cuanto más leo y más información tenemos me convenzo de que los gobiernos han decidido que no quieren hacer frente a la situación porque podría causar dificultades al proceso de paz", arguye Gallagher.

En su opinión, con las pruebas en la mano, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia británicos, "los mejores del mundo", deberían haber sido capaces de impedir el atentado o, al menos, cazar a los responsables, a los disidentes del IRA Auténtico a los que tachó de "muy poco sofisticados". En 2007, la Justicia norirlandesa absolvió al único acusado, Sean Hoey, después de que el juez instructor calificase de "chapucera" la investigación policial, al tiempo que acusó a los agentes de "engañar deliberada y premeditadamente" durante el proceso, por lo que no pudo aceptar las pruebas presentadas.

Quince años de frustraciones como ésta no han erosionado el empeño de las familias de las víctimas de Omagh, sino que se han convertido en la "munición" para seguir exigiendo respuestas a uno de los episodios más oscuros del conflicto norirlandés. En el camino han conseguido alguna victoria importante. En 2009 ganaron una multimillonaria demanda civil presentada contra los cinco supuestos autores del atentado, a los que identificaron como Seamus Daly, Liam Campbell, Michael McKevitt, Seamus McKenna y Colm Murphy.

"Todavía creo -subraya Gallagher- que la vía de la paz es la única manera de avanzar, los políticos deben dirimir sus diferencias así, pero la atención no está centrada en las víctimas y somos el lastre que se deja atrás". Entre otros, fallecieron en la explosión del 15 de agosto de 1998 en Omagh el niño Fernando Blasco Baselga, de 12 años, y la monitora Rocío Abad Ramos, de 29, que participaban en un curso de verano en Irlanda.