Washington. Ante la falta de acuerdo con los demócratas, el Partido Republicano, con mayoría en la Cámara de Representantes, votó ayer su propio plan contra el temido "precipicio fiscal". El denominado Plan B no cuenta con el apoyo de la Casa Blanca y tampoco servirá para evitar la gran amenaza que supone la combinación de una subida de impuestos y masivos recortes al gasto público a partir del próximo 1 de enero si no se logra un pacto fiscal antes de fin de año. Con este plan, los republicanos pretenden prorrogar los recortes de impuestos para quienes perciben un ingreso anual de hasta un millón de dólares, justo lo contrario de lo que exige el Gobierno demócrata.

Según el líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Eric Cantor, con esta medida "protegemos al 99,81 % de los contribuyentes estadounidenses de un incremento en los impuestos en estos momentos económicos tan difíciles". Agregó que "la incapacidad o falta de voluntad" del presidente, Barack Obama, de lograr un "acuerdo equilibrado" con el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, "nos presenta muy poca opción, salvo trabajar duro para evitar un aumento de impuestos para tantos millones de estadounidenses". Pero el Plan B republicano afronta la amenaza del veto de Obama, quien insiste en que las rentas por encima de los 400.000 dólares anuales paguen más impuestos. Los recortes tributarios que han provocado la discordia entre el Congreso y la Casa Blanca fueron instituidos en 2001 y 2003 durante la presidencia de George W. Bush y vencen el próximo 31 de diciembre.

El "abismo fiscal" se refiere a la combinación de una subida de impuestos y masivos recortes al gasto público a partir del próximo 1 de enero, si no se logra un pacto fiscal antes de fin de año. Las familias de clase media estadounidense afrontarían un aumento promedio de impuestos de 2.200 dólares anuales el próximo año. El otro proyecto de ley que promueven los republicanos es un paquete de recortes al gasto público que reemplazaría a los que, bajo un acuerdo pactado entre el Congreso y la Casa Blanca el año pasado, entrarían en vigor de forma automática el próximo 1 de enero.