Bruselas. ¿Tiene sentido que el Parlamento Europeo siga funcionando con tres sedes -Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo-? ¿Que eurodiputados, funcionarios y asistentes recojan sus bártulos y se desplacen desde la sede de trabajo habitual, en la capital belga, hasta la oficial, en Estrasburgo, para celebrar una docena de plenos por año a razón de cuatro días por sesión? ¿Es un gasto justificable en tiempos de crisis y austeridad? ¿Es un coste medioambiental aceptable? En un pasado no demasiado lejano preguntas como estas eran un verdadero tabú político, pero desde hace poco más de un año se han convertido en el argumento principal de la campaña liderada por un grupo de eurodiputados que defienden una única sede para la Eurocámara, la de Bruselas.

La ofensiva nace avalada por la aprobación esta misma semana en el pleno de Estrasburgo de varias enmiendas en las que una aplastante mayoría de eurodiputados reafirman no solo el ahorro que supondría un único lugar de trabajo sino en las que piden a los gobiernos que elaboren una hoja de ruta hacia una sede única para el 30 de junio de 2013. Y es que la capital de la Alsacia francesa, símbolo de la reconciliación franco-alemana tras la Segunda guerra mundial, es, según el Tratado de la UE, sede del Parlamento Europeo. Es decir, está blindada y el pacto solo puede ser modificado con el acuerdo unánime de los 27 países de la UE.

"Es un lugar estupendo, pero como lugar de trabajo es indefendible", se quejaba ayer uno de los eurodiputados liberales en la audición organizada por el británico Edward McMillan-Scott y el alemán Alexander Alvaro. "Hace no mucho nadie se atrevía a pronunciarse contra Estrasburgo porque por razones simbólicas es la sede pero hoy en día hay cada vez menos inconvenientes", añadió el socialista danés Dan Jorgensen. Y es que aunque sigue habiendo muchos reacios, especialmente en las filas del PPE y PSE, son cada vez más los partidarios de terminar lo que denominan como un circo. "Como dijo (la ex comisaria) Margaret Walström, lo que una vez fue un símbolo positivo se ha convertido en una forma de malgastar dinero", lamenta el socialista sueco Göran Färm. Las cifras son tozudas y hablan a favor de los que apuestan por el cambio.

El coste de celebrar 12 sesiones por año supone un coste extra anual de 180 millones y unas emisiones de CO2 adicionales de 19.000 toneladas. De hecho, este año ya han intentado reducir uno de los viajes fusionando las dos sesiones de octubre en una misma semana con un día de descanso en medio. Una treta que Francia ha contestado con una denuncia ante el Tribunal de Justicia. Así que aunque la batalla parece definitivamente lanzada muchos son los que admiten que una guerra frontal contra Francia no llevará a ninguna parte. "Hay que ofrecerles una alternativa tan atractiva como la Eurocámara", admite la holandesa Judith Merkies. Entre las opciones: trasladar de Bruselas a Estrasburgo el Comité de las regiones y el Comité Económico y Social, o llevar a la capital alsaciana el Tribunal de Justicia de la UE.