17.800 personas aguardan su ejecución

Las condenas a muerte, además de inhumanas, son a menudo discriminatorias y se utilizan "de modo desproporcionado contra las personas pobres y marginadas". "Nunca se podría eliminar el riesgo de ejecutar a inocentes", advierte AI. El último caso conocido es el de Troy Davis, que fue ejecutado el pasado mes después de un deficiente proceso judicial que se alargó durante veinte años. A pesar de que no había ninguna prueba física contra él y que siete de los nueve testigos que lo incriminaron se habían retratado, Davis falleció por la inyección letal el pasado 21 de septiembre en medio de la indignación mundial.

Casos como el de Davis, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la pena de muerte, no son aislados en Estados Unidos, donde la pena de muerte tiene una incidencia desproporcionada en personas sin recursos económicos, en minorías étnicas y se aplica a menudo en juicios injustos. En muchos casos, "las deficiencias del proceso judicial se ven agravadas por la discriminación, la conducta indebida de los fiscales, la falta de independencia del poder judicial y la ausencia de la debida asistencia letrada", denuncia AI. En algunos países, además, se recurre a este castigo para silenciar a la oposición política.

Condiciones A la angustia por el hecho de conocer la fecha exacta de su muerte o la inminencia de la misma, se suman las atroces condiciones que deben soportar las personas condenadas a muerte, que a menudo llevan grilletes y están confinadas en celdas pequeñas y oscuras. "Celdas que pueden estar mal ventiladas, a altas temperaturas e infestadas de insectos. A los internos se les niegan a menudo necesidades básicas como el ejercicio y alimentos suficientes; las visitas de amigos y familiares -incluso cartas y postales- están restringidas", señala la organización de derechos humanos internacional. En varios países, el secretismo en torno a la pena de muerte aumenta también este sufrimiento. Las autoridades no comunican a los presos ni a sus familiares la fecha exacta de la ejecución, con lo que se les niega la posibilidad de ver a sus seres queridos por última vez. Además, una vez llevada a cabo la ejecución, algunos funcionarios se niegan a devolver el cuerpo a sus familiares o ni siquiera les dicen dónde está. Es el caso, por ejemplo, de Bielorrusia, el único país en el que se ha aplicado la pena de muerte en Europa en los últimos dos años.

Allí, los presos no saben que van a morir hasta instantes antes de su ejecución y no se les comunica nada a sus familiares hasta que se ha llevado a cabo; ni siquiera se les dice dónde están enterrados sus seres queridos. En marzo de 2010, tras un paréntesis de un año en el que por primera vez no se registraron ejecuciones en Europa ni en los países de la antigua URSS, las autoridades de Bielorrusia ejecutaron a Vasily Yuzepchuk y Andrei Zhuk de un tiro en la nuca. Según cuenta Amnistía Internacional, "el 19 de marzo de 2010, cuando la madre de Andrei Zhuk intentó enviar un paquete de comida a la prisión de Minsk en donde estaba recluido su hijo, las autoridades penitenciarias se lo devolvieron afirmando que lo habían trasladado". "Le dijeron que no volviera a buscar a su hijo y que esperase la notificación oficial. En la mañana del 22 de marzo, personal de la prisión le informó de que su hijo había sido ejecutado", prosigue AI. En octubre de ese mismo año, la madre de Andrei denunció a las autoridades penitenciarias por no entregarle el cuerpo de su hijo ni decirle dónde está enterrado.

En marzo de 2003, el Comité de Derechos Humanos determinó que este secretismo "tiene por efecto intimidar o castigar a las familias, dejándolas deliberadamente en un estado de incertidumbre y aflicción mental", lo que constituye trato inhumano. En 2010, 23 países llevaron a cabo ejecuciones en el mundo, entre ellos EEUU y China.