Se me hace raro oír a uno de los portavoces de un sindicato policial en la guardia urbana de Gasteiz amenazar a la alcaldesa de la ciudad con intensificar el grado de sus protestas si no se hace caso a sus peticiones. Me descoloca. Ojo, que como cualquier trabajador, tienen toda la legitimidad para conducir sus relaciones laborales como consideren preciso y oportuno. Faltaría más. Además, la estrategia de presión de la citada central ya se ha demostrado válida en ocasiones precedentes (como los cuatro meses de huelga de celo que acabaron en 2018 con un acuerdo y 600.000 euros en multas extras a la ciudadanía). Lo que no acabo de digerir es que ese eventual repunte de la conflictividad se vaya a traducir en un plus de meticulosidad por parte de los agentes y de las patrullas en el desempeño de sus funciones, ya que, inevitablemente, eso tiene pintas de transformarse en la imposición de todo tipo de sanciones a los vecinos de la capital que ahora no se imponen y que, en sentido estricto, tienen su respaldo legal si es lo que se quiere encontrar. Me temo que volverán aquellos tiempos en los que la presencia de uniformados ponía los pelos como escarpias si se había cruzado la calle sin atender al paso de cebra o si se había aparcado medio centímetro fuera del rango requerido. A ver cómo acabamos.
