En los últimos días hemos asistido a numerosas protestas por la alarmante situación de la sanidad en Madrid, a la que se ha llegado como consecuencia de las medidas de la señora Isabel Díaz Ayuso que se resumen en reducir lo máximo posible los impuestos a costa de realizar recortes en servicios públicos como la sanidad (por alguna razón la idea de disminuir el sueldo de los políticos no se le ha ocurrido). De esta manera, quienes cuentan con seguros privados consiguen más dinero para sus bolsillos y, el resto, se queda sin servicios de urgencias en los hospitales, son atendidos por sus doctores por videoconferencia o deben hacer frente a listas de espera eternas, todo a cambio de poder permitirse un par de raciones más de patatas bravas al mes. Por no hablar de las condiciones laborales a las que está haciendo frente el personal sanitario, que ha visto premiado su sacrificio durante la pandemia con despidos, más estrés y desplazamientos forzosos en Uber –para qué un taxi pudiendo dar dinero a una empresa privada– a otros hospitales. Como es lógico, los trabajadores del sector no han tardado en lanzarse a la calle y Ayuso, lejos de darse por aludida, lo ha interpretado como una maniobra electoral de la izquierda. En la dicotomía “salud o libertad” yo me quedo con la salud, oiga.
