igue el culebrón con epicentro en el Ministerio del Interior en torno al cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Entre el mensaje de la jueza instructora de la investigación sobre la convocatoria del 8M en el pre estado de alarma, advirtiendo al Ministerio de que la policía judicial “depende exclusivamente de jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal” -rescataría de la hemeroteca alguna declaración sobre la Fiscalía y el Gobierno, pero para qué echar más leña al fuego- y el ruido matutino de ayer con algunos tertulianos televisivos proclamando la muerte de Montesquieu, al mediodía ya teníamos dos nuevos capítulos: la dimisión del número dos de la Guardia Civil, su director adjunto operativo, Laurentino Ceña, y el anuncio del ministro, Fernando Grande-Marlaska, de que el Consejo de Ministros ha aprobado liberar la última partida presupuestaria para la subida del sueldo de policías y guardias civiles. Marlaska insiste en que el cese nada tiene que ver con el ya famoso informe -según varios medios, con notables errores y especulaciones-, sino que responde a una “política razonable, normal, de reconstrucción en los puestos de máxima confianza de la Secretaría de Estado de Seguridad”. Y todo, con la curiosa circunstancia de que el ministro fue magistrado de la Audiencia Nacional, presidente de su Sala Penal, y vocal del GGPJ a propuesta del PP.
