eo que el PSOE va a presentar esta misma semana una proposición no de ley para que el Defensor del Pueblo se encargue de la investigación de los miles de casos de abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia española. Probablemente sea una buena vía, no diré yo que no. Es perfectamente compatible, por ejemplo, con la iniciativa que registró ayer el PNV en el Congreso solicitando que la investigación se encargue a un grupo independiente formado por personas expertas. Y, por qué no, también con la primera de las propuestas en orden cronológico, la de EH Bildu, ERC y Unidas Podemos, que se decantaban por el formato clásico de las comparecencias y las interpelaciones de sus señorías.
Puesto que hay tanto acuerdo, lo importante es que se hinque de una vez el diente a la cuestión. Estos prolegómenos están oliendo a lo de siempre. Se diría que se prima el lucimiento y las ansias de anotarse el tanto antes que el esclarecimiento de uno de los peores episodios de nuestra historia reciente. Hablamos de decenas de miles de víctimas a lo largo de un periodo que no sabemos hasta dónde llega. Muchas de aquellas criaturas que fueron impunemente vejadas por religiosos tienen hoy cuarenta, cincuenta, sesenta años y siguen sin ser capaces de hablar de ello. Solo con cuentagotas aparecen nuevos testimonios. Todo, con la jerarquía eclesial y sus terminales mediáticas resistiéndose con uñas y dientes a la investigación bajo el miserable argumento de que “fueron casos aislados” o la excusa de que también se producen en otros ámbitos. Hay una deuda con las víctimas. La política tiene que estar a la altura.
