Menuda sorpresa, ¿eh? La futura Ley de Memoria Democrática disgusta en Diestralandia. ¿Solo disgusta? Más bien provoca erupciones cutáneas. "Una ley contra la concordia", brama el editorialista de La Razón echando mano de la palabreja de moda. Debajo, el llamamiento a resistirse con uñas y dientes: "Es un deber moral oponerse a ella porque recupera la idea de las dos Españas, la discordia y el odio, es revanchista y guerracivilista e impone un pensamiento único excluyente desde el revisionismo y la desfiguración sesgada. Es reprochable además por liberticida, censora, antijurídica y anticonstitucional al atacar la libertad de expresión, opinión e ideológica e intentar desactivar la Ley de Amnistía en una cruzada contra el disidente al dogmático parecer de Moncloa".

Más suave que su escriba, el director, Francisco Marhuenda, nos alecciona: "Ahora llegan unos políticos rencorosos que quieren reescribir la historia, convertir el Valle de los Caídos en un parque de atracciones al servicio de la manipulación y el sectarismo, limitar la investigación y la docencia y, sobre todo, crear una historia oficial".

Por si no fuera suficiente con la bilis de los columneros propios, el diario de la mancheta azul pone tribuna a un tal Jesús Palacios, que se presenta historiador. ¿Neutral? No parece, a juzgar por su diatriba: "España está inmersa en un proceso constituyente larvado, y lo que los socialistas y sus apoyos comunistas y separatistas desean es hacer desde el poder una revolución silente para implantar un nuevo Estado, un nuevo régimen. Ese y no otro es el objetivo que subyace en este proyecto".

En Libertad Digital, como imaginan, se suben por las paredes. De tan cabreados y exagerados, resultan hasta divertidos. Vean con qué curiosa descacharrante comparación empieza el editorial: "Con esta ley, que tiene de democrática lo mismo que la felizmente extinta y totalitaria Alemania Oriental, el Gobierno talibánico de Pedro Sánchez -líder orgulloso del partido golpista y guerracivilista trágicamente responsable del colapso de la II República y el estallido del conflicto fratricida- y sus socios comunistas -igualmente orgullosos de un pasado tan execrable- pretende, además, ilegalizar la Fundación Francisco Franco y hasta se plantea demoler la gran cuz que preside el Valle de los Caídos". No hay reservas de tila para calmar al autor o autora de eso.

Sin salir del chiringo digital de Jiménez Losantos, encontramos a Pablo Molina también hiperventilando: "Lo que pretende Sánchez es dejar fuera de la ley a todos los que entorpezcan sus proyectos y los de sus socios, con el Rey en el centro del punto de mira por su compromiso con la libertad, la igualdad de los españoles y la legalidad constitucional".

Más sulfuro. El Mundo titula en primera "El Gobierno vuelve a recurrir al franquismo como arma política". Es el anticipo de otro editorial que rezuma bilis. Solo les recomiendo que no traten de leer en voz alta por que se ahogarían: "El Gobierno de Sánchez, único de Europa con comunistas, no terminó de atizar los rescoldos del cainismo nacional con la exhumación por decreto del cadáver de Franco en campaña electoral. El artífice de aquella operación, hoy ascendido, presentó ayer una nueva Ley de Memoria Democrática cuyo indisimulado propósito vuelve a ser la división de los españoles en dos bandos, la reescritura de la historia desde el poder para legitimar su propaganda divisiva, la destrucción de la obra de concordia que alumbró el sistema del 78, la cohesión de la alianza Frankenstein entre todos los impugnadores de dicho sistema y la demonización de la oposición como caricaturesca partidaria de una dictadura. No la cubana de hoy, sino la franquista de ayer". Y luego sigue, se lo juro.

Toda esa andanada la resume en tres líneas Miquel Giménez en Vózpuli: "La ley de memoria histórica es inútil, malintencionada y sectaria. Pretende erradicar de nuestro pasado hechos que sucedieron, tergiversándolos en interés del social comunismo". Si les ha sabido a poco, aquí va el final de la pieza: "Eso ni es memoria ni puede ser historia. Solo es una canallada, una excusa para enmascarar la terrible situación a la que nos han llevado, hoy igual que antes, quienes dicen gobernar para el pueblo y solo miran por sus propios intereses".

¿Y que dice Pedro J. Ramírez de todo esto? Pues miren, hoy está conciliador y salomónico. En lugar del atizador, echa mano del tonillo curil: "El Gobierno, en fin, debería obrar sin memoria selectiva y con responsabilidad, reconociendo a todas las víctimas por igual y garantizando las libertades individuales. Los tribunales, en último término, dictaminarán si esta nueva ley es compatible con la libertad de pensamiento garantizada por la Constitución".

De ABC, poco les puedo contar. Por un problema técnico, a la hora de redactar estas líneas no se puede acceder al ejemplar del día en el kiosko digital y tampoco se ha renovado el muro de opinión en la web. Sí sorprende que en su doble portada, que sí he podido ver, el asunto brilla por su ausencia. También es verdad que el vetusto diario ya adelantaba su oposición el editorial de ayer: "Bajo la pretensión de un adoctrinamiento masivo con demasiada hojarasca, impone una ley creada expresamente para ilegalizar la Fundación Franco. El tiempo, y los tribunales, dirán si eso es posible en una democracia en la que desde algunas instituciones se está consintiendo el enaltecimiento, por ejemplo, del terrorismo".