El actor malagueño Antonio Banderas ha derribado la casa que compró en Marbella (Málaga) a mediados de los 90 a los herederos de la fallecida periodista Encarna Sánchez, donde vivió parte de su matrimonio con Melanie Griffith, tras años de litigios legales para conservarla.

Banderas ha adoptado esta decisión para zanjar la situación irregular en la que estaba el inmueble, según han confirmado a EFE fuentes municipales.

El problema principal con el que se ha encontrado el actor es que la licencia de construcción de la propiedad, edificada en 1995 y concedida por el gobierno de Jesús Gil, era ilegal de manera  que fue anulada por la justicia.

Una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2003 dejó sin efecto el permiso municipal de obras de 1995. El motivo es que la casa 'La Gaviota' se había construido sobre una parcela calificada como "equipamiento sanitario".

Fachada de la casa de Antonio Banderas en Marbella. EFE

Además, explicaba el auto en cuestión, la propiedad de Banderas -ubicada en la exclusiva urbanización Los Monteros, a la entrada de Marbella- invadía la zona de dominio público marítimo terrestre. El actor lo recurrió.

En 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó el recurso presentado por la defensa del actor malagueño en la que pedía la nulidad de la sentencia dictada en abril de 2003 y en la que se instaba a Banderas a demoler un ala de la vivienda marbellí.

El alto tribunal exponía que no había razón para anular esta sentencia y ratificaba la nulidad de la licencia de obra concedida en la época del Gil.

La licencia no era el único de los problemas de la vivienda

La licencia de obra no es el único problema urbanístico que ha planteado a Banderas la casa de Marbella. En 2013 se vio obligado a ceder al Ayuntamiento de este popular municipio de la Costa del Sol parte de la parcela sobre la que su ubicaba el chalé.

Esta cesión de algo más de 1.200 metros cuadrados de suelo de la zona del jardín, fruto de un acuerdo entre el actor y el Consistorio, permitió la ampliación de un tramo del paseo marítimo de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El Ayuntamiento explicó en su día que el actor siempre estuvo de acuerdo en la cesión de los metros y que en aquel momento supuso que se derribara parte del muro exterior de la finca.

En 2015 el Tribunal Supremo invalidó el plan de ordenación de Marbella y desde entonces el chalé se encontraba en situación irregular.