Errekaleor Bizirik denuncia que el miércoles, de madrugada, las personas que viven en las fábricas abandonadas de URSSA y EGA, "una vez más, han sufrido una agresión racista".
"El Ayuntamiento de Gasteiz, con la ayuda de la Policía y de los medios de comunicación ha reprimido duramente a las cientos de personas que viven allí. Además, lo han hecho en un día festivo e importante para ellos", censura este colectivo que por ello, hace un llamamiento al pueblo de Gasteiz para que salga a la calle frente a "esta agresión".
La convocatoria es esta tarde, a las 19.30 horas, en la Plaza Nueva, bajo el lema 'Todos los derechos para todas las personas-Stop racismo'.
GRAN OPERATIVO
La capital alavesa vivió durante la pasada jornada un dispositivo policial histórico, en el que se llegaron a identificar a un total de 119 personas, 116 de ellas de origen magrebí, en un despliegue preventivo por robos en las antiguas fábricas de URSSA y EGA.
El operativo. conformado por la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Policía Local, tomó el recinto, con el objetivo de localizar material y objetos robados y almacenados en estas instalaciones, donde conviven desde hace meses okupas en condiciones insalubres y de riesgo para el resto de los vecinos de la zona.
La calle Campo de los Palacios fue totalmente cortada en medio de este operativo sin precedentes, que se produjo justo horas después de que la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, recordase que se estaban tomando medidas para llevar a cabo desalojos.
Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional se encargaron de verificar las identidades de las personas implicadas, habiendo trasladado a ocho de ellas, por la Ley de Extranjería, para comprobar su situación legal. Todos eran hombres de procedencia magrebí, de entre 17 y 57 años.
REQUERIMIENTOS
En enero, Etxebarria anunció que el Ayuntamiento de Vitoria había enviado la última semana del mes tres requerimientos a los propietarios de las antiguas instalaciones de URSSA, EGA y Fournier para que procedieran al desalojo de los okupas de su interior.
Se les exigió “el cese del uso residencial” de sus propiedades, así como “la eliminación de focos de suciedad y acumulación de residuos”.
En estos escritos, la institución municipal instaba a los propietarios a “ejercer las acciones civiles o penales necesarias” para poner fin a estas okupaciones ilegales, advirtiéndoles de que, en caso de no hacerlo, podrían enfrentarse a sanciones o a que el propio Ayuntamiento “adopte las medidas que considere oportunas para terminar con esta situación”.
