Según han denunciado a través de un comunicado conjunto, los colectivos Herrizoma, Zaharraz Harro y Auzoan Bizi han comenzado a recibir las notificaciones de multas derivadas de la defensa del espacio Korda, en el Casco Viejo gasteiztarra.
Las sanciones, que suman un importe total superior a los 7.000 euros, están basadas en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y fueron notificadas formalmente el pasado 17 de marzo, coincidiendo con la jornada de Huelga General.
Los hechos se remontan a junio de 2025, cuando la Ertzaintza procedió al desalojo forzoso de este local situado en la colina medieval, cuya propiedad ostenta la sociedad urbanística municipal Ensanche 21. En su nota, los implicados califican de "violenta" la actuación policial, que se prolongó durante 12 horas y se saldó con 11 personas identificadas y una detenida.
En el texto remitido, los colectivos explican que el proceso judicial contra el único detenido ha sido archivado al no encontrar el juez indicios de delito. Pese al archivo penal, se han tramitado multas contra 10 integrantes de los colectivos y una enfermera que se encontraba en el lugar.
Los afectados han anunciado que no aceptan las sanciones y que procederán a recurrirlas, al considerar que la ley busca "desactivar la organización y la lucha" vecinal.
"La Ley Mordaza atenta contra las libertades políticas y aumenta la impunidad policial", subrayan desde las organizaciones, reafirmando su intención de seguir defendiendo los espacios autogestionados en el barrio.
Como respuesta inmediata a la recepción de estas multas, los colectivos han organizado un acto de protesta y solidaridad. Este próximo domingo 9 de mayo, han citado a vecinos y simpatizantes a una foto solidaria contra la represión a las 12.30 horas en la plaza Bittori, entre las calles San Vicente de Paul y Bueno Monreal.
Bajo el lema "Auzodefentsaz lotu Korda auzora" (Unir Korda al barrio mediante la defensa vecinal), los organizadores hacen un llamamiento a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz para mostrar su apoyo a los sancionados y denunciar lo que consideran un ejercicio de "represión económica" contra el movimiento popular.
