Piden paralizar el desalojo de tres familias de sendos pisos de Ensanche 21 en Vitoria

El Sindicato Socialista de Vivienda de Gasteiz ha exigido este lunes la paralización de tres "procedimientos de desahucio" abiertos contra tres familias con menores que residen en sendos pisos del Casco Viejo de la ciudad, en las calles Correría y Zapatería, propiedad de la sociedad municipal Ensanche 21.

El colectivo ha denunciado que el gobierno local "ha puesto en marcha todos los medios a su alcance para acelerar" estos procesos y que las instituciones están "poniendo trabas" para que las familias se acojan a la moratoria en vigor sobre desahucios, pues no reconocen su situación de vulnerabilidad.

"Hipocresía"

Ane Mendiguren y Zacaria El Yaagoubi, que han ejercido como portavoces de la entidad en una comparecencia pública, han censurado también la "hipocresía" del gabinete de Maider Etxebarria, que "aprovechándose del contexto de crisis de vivienda y en el marco de aprobación del nuevo PGOU no ha dudado en llenarse la boca de falsas promesas y preocupación".

El Sindicato Socialista ha aludido en este punto a una reciente entrevista concedida por la alcaldesa a este periódico, en la que se comprometía a "aplicar todas las fórmulas" para que la población de Vitoria tenga "acceso a una vivienda digna".

Negociación

Más allá de detener los tres desalojos, el primero de los cuales está fechado para el miércoles 23 del próximo abril, la organización ha reclamado al Ayuntamiento la apertura de una mesa negociadora para "salvaguardar el bienestar" de estas familias y que logren una alternativa habitacional "de calidad".

Fuentes de Ensanche 21 consultadas por este periódico han defendido que, tras haber reclamado judicialmente la propiedad de los tres inmuebles "okupados", el juez ha dictaminado que las familias "no tienen derecho legal para ocupar esas viviendas legítimamente", por lo que avanzan que los procesos no se detendrán.

Y han remarcado, además, que "ningún piso" de los que en los últimos tiempos ha recuperado la sociedad han vuelto a manos municipales sin una sentencia judicial que lo avale.