24.876 viviendas de Álava se calientan con calderas centrales de gas, según los últimos datos del Eustat (Instituto vasco de Estadística). En Vitoria, por ejemplo, 545 solicitaron ayudas el pasado año para compensar lo abonado de más por el gas, aunque se desconoce cuántos se acogieron a la TUR, que son las siglas de la tarifa de último recurso del gas y que, a priori, es más barata porque la regula la Administración.

Una ventaja que produjo durante el invierno 2022/2023 una avalancha de peticiones para cambiarse a la misma cuando los costes de la energía se elevaron hasta las nubes, como consecuencia de la guerra de Ucrania. Es entonces cuando el Gobierno de Pedro Sánchez lanzó esta medida en enero de 2023 para que, además de proteger a los pequeños consumidores de las grandes oscilaciones del mercado, las comunidades con calefacción central también pudieran adherirse a la misma, ya que hasta entonces las que superaban los 50.0000 kw/h de consumo medio anual no lo podían hacer, lo que llegó a multiplicar sus facturas hasta “por cuatro o seis”.

Contadores individuales

El único requisito para sumarse a ella era que tuvieran contadores individuales. Y muchas de ellas, según cuentan a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA las administraciones de fincas consultadas, se acogieron a la misma. Por eso ahora estos portales con calefacción central han respirado “aliviados” al conocer que el pasado 28 de diciembre el Ministerio, tras un acuerdo con EH Bildu, anunció prorrogar esta tarifa regulada del gas, lo que evitará que sus recibos suban a partir de este mes de enero.

Por tanto, la ampliación de esta medida, que estará en vigor hasta el próximo 30 de junio, se aplicará en los recibos de la estación más fría del año, esto es, en la que más se pone la calefacción en los hogares. Muestra de ello son los seis grados de máxima que se anuncian para la próxima semana con mínimas que pueden desplomar el mercurio hasta los menos dos grados el próximo jueves en la capital de Álava.

Luces y sombras

Si bien, la prórroga también tiene sus luces y sus sombras. Entre ellas, como explica Javier Quintana, gerente de la Administración de Comunidades Sergeco (Adriano VI, 33), que “el problema de todo esto es que lo han sacado tarde y mal, a finales de diciembre. Más que nada porque lo que dice la norma es que solo se pueden acoger las comunidades que ya estaban anteriormente en la TUR y muchas ya se han salido porque los contratos hay que ir negociándolos previamente. Entonces, hay comunidades que se han salido y ahora hay que volver a rescindir esos contratos y volver a la TUR”. De ahí que “a nosotros, como administradores de fincas, lo que nos parece es que estas cosas hay que hacerlas con tiempo, no a dos días de terminar el ejercicio, cuando en teoría se pensaba que ya no se iba a hacer. Es mucho el trabajo que se ha hecho ya y que va a quedar en agua de borrajas y que va a multiplicar también el trabajo posterior”.

No obstante, la prórroga, “en principio siempre es buena porque es un precio que está bloqueado y que no vas a tener sustos, así que si pasa cualquier cosa en el mercado, como lo de Ucrania, sabes que no te va a pasar una subida tan tremenda estando en la TUR”. Por esa razón, ya han recibido llamadas de comunidades interesadas. “Hay que cerrarlo el día 15 de enero y la que está en la TUR, por lo que nos han consultado, se va a quedar”, precisa Quintana.

“Barbaridad”

Precisamente, cuando se impulsó esta medida, fue porque “se estaban pagando verdaderas barbaridades por el gas. Tenemos una comunidad grande, de 120 vecinos, que había pasado de pagar su factura más alta de gas, de unos 18.000 euros en las de diciembre o enero, a casi 60.000 euros”.

En cuanto a la posibilidad de que el IVA del gas suba de forma escalonada hasta el 21%, ya que actualmente está rebajado al 5%, el gerente de Sergeco también cree que perjudicará a estos portales “porque toda comunidad está considerada vecinal, es decir, no puede deducirse el IVA, así que todo lo que suba, se recarga directamente al bolsillo del vecino.

Así lo advierte también Juan Manuel Ábalos, administrador de Abefinsa (Abendaño, 54), puesto que “en lo que sí que se van a haber afectadas es por el IVA porque, según han dicho, antes de la crisis energética estaba en el 21%, luego lo pasaron al 5%, que eso sí que supuso un alivio, al ser un 16% más barato y ahora parece ser que va a ir al 10% (hasta primavera). Por tanto, se va a incrementar el IVA respecto al año pasado y puede encarecerse hasta un 16% si se hace esa subida gradual hasta el 21%”.

Como en el caso anterior, en esta administración de Vitoria, el año pasado, todas las comunidades que pudieron se acogieron a esta medida “porque el precio de la TUR resultaba mucho mejor que el del mercado libre, así que todas las que pudieron pasarse a esta tarifa, lo hicieron”.

Por ello, también ya han recibido llamadas de comunidades interesadas en mantenerla, “pero el gobierno funciona, como funciona... En noviembre sacó un decreto diciendo que la TUR se iba a eliminar. Entonces, hicimos reuniones con comunidades para explicarles que no iba a haber esta prórroga y que querían hacer porque sí o sí tenían que pasarse al mercado libre y ahí tenían dos opciones: o los precios fijos que dan las comercializadoras o los precios variables. Cada comunidad eligió lo que consideró y cuál fue nuestra sorpresa cuando en diciembre el gobierno tuvo a bien decir que va a prorrogar. Lo que hicimos fue anular los contratos firmados para mantenerlos en la TUR porque es una buena noticia que se prorrogue, aunque sí que es cierto que habrá que ver cómo se comporta en la TUR”.

Eso mismo piensa también Begoña Álvarez, responsable de Álvarez Gestión de Comunidades (Madre Teresa de Calcuta, 10,), ya que “es buena noticia porque regula el precio trimestralmente, pero no sabemos cómo va a evolucionar”.

Todas sus comunidades el año pasado se acogieron a esta medida. “Y las que estaban ya en TUR no las he movido porque tienen garantizado un precio”, detalla Álvarez. l