La familia de Pedro Alfonso Casado, el guardia civil vitoriano asesinado en 2022 mientras mediaba en un secuestro en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), se ha personado como acusación en la causa judicial y ha pedido para el acusado penas que suman 84 años de prisión.
La Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) ha explicado en un comunicado que son la esposa y las hijas del teniente coronel asesinado quienes ejercen la acusación y piden que el procesado sea condenado por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, atentado contra la autoridad, secuestro, coacciones y tenencia ilícita de armas, tipificados con penas que oscilan entre los 2 y los 25 años de cárcel.
Además, la familia solicita una indemnización por el daño moral sufrido y el lucro cesante que asciende a 600.000 euros, a la vez que refleja en su escrito que el acusado carecía de licencia para poseer armas de fuego y que no se han identificado circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
El abogado de la familia se ha sumado a las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal y las demás partes personadas, incluyendo el interrogatorio del acusado y testimonios de testigos clave.
Pedro Alfonso Casado, natural de Vitoria, recibió un disparo en la cabeza de un hombre que se había atrincherado en su vivienda tras matar a un vecino.
El teniente coronel, que estaba al mando de la operación, intentó negociar con Pablo A.S.H., apodado "El Chiqui", que llevaba varias horas parapetado en su casa con su yerno como rehén.
En mitad de la negociación, un disparo realizado a ciegas desde dentro de la vivienda a través de la puerta cerrada alcanzó al teniente coronel en la cabeza atravesándole el casco, causándole unas graves lesiones que le provocaron la muerte en el hospital Clínico de Valladolid cuatro días después.
El suceso ocurrió en la noche del 30 de junio de 2022, cuando la Guardia Civil fue requerida para intervenir en una disputa entre dos familias vecinas.
