La última reunión de la comisión de Bienestar Social de Juntas Generales de Álava dio ayer ocasión de conocer una realidad dramática de la sociedad, alavesa y en general, sobre la inmigración y sobre el aumento de la pobreza. Fue a través de la comparecencia del representante de Cáritas Diocesana, Ramón Ibeas, que dio cuenta del incremento de situaciones de necesidad en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, aunque los problemas son generales en todo el Estado. En ese sentido puso de manifiesto los problemas a los que se enfrenta una buena parte de la población sobre la que dijo que en buena medida están manteniendo un nivel de vida gracias a los ahorros del dinero no gastado durante la pandemia.
A ello se suman otras muchas situaciones, como las dificultades de integración que ocasiona la brecha digital, porque no todo el mundo tiene los conocimientos necesarios en esa materia y las administraciones, especialmente, deberían ser conscientes y ofrecer aplicaciones mucho más simples.
También reclamó reducir los tiempos de espera en los servicios públicos y desterrar la frase de usted no cumple con los requisitos, sin especificar cuáles son; reducirlo también en la gestión del ingreso mínimo vital, que ahora son 6 meses de espera, cuando debería ser 6 minutos, así como el tratamiento a los solicitantes, que muchas veces raya la sospecha; facilitar la concatenación de ayudas para evitar meses de espera; revisar las ayudas de emergencia social, especialmente en los pequeños ayuntamientos; o corregir el papel de la banca, que obliga a muchas personas a firmar temas, como seguros de vida, al abrir una cuenta corriente.
Ibeas había acudido a la institución foral para dar las opiniones de la Diócesis en torno a la necesidad de un centro de acogida para refugiados y las diferencias que se dan entre nacionalidades como los ucranianos, a quienes se les ha facilitado todo, y los procedentes de otros países, que muchos terminan residiendo irregularmente y en situación de vulnerabilidad, lo que genera una sociedad de desigualdades.
Trabajadores asistenciales
Además de este tema, la reunión estuvo centrada en su primera parte en los problemas que padecen las trabajadoras del tercer sector de distintas entidades, pero que sufren las mismas demandas.
La reunión comenzó con la comparecencia de representantes de Apdema, una entidad que representa a más de 1.500 familias que tienen en su seno personas con discapacidad y cuya principal reivindicación era que su actividad lograra la calificación de servicio público. A ello se unía la precariedad en el empleo que padecen. En ese sentido destacaron que de los 15 años que llevan en funcionamiento, doce los han pasado sin actualizaciones salariales, lo que les ha ocasionado una pérdida de poder adquisitivo del 20%. De momento, como señalaron, “solo hemos encontrado buenas palabras que esconden recortes” a pesar de la dedicación y esfuerzo que muestran en su trabajo.
A continuación comparecieron representantes del comité de empresa de la residencia Ariznabarra, para que informasen de la situación en la que se encuentra la negociación del convenio propio de dicha residencia, un conglomerado de 4 plantas y 2 centros de día, que comenzaron teniendo 115 empleados y en la actualidad ascienden a entre 170 y 180.
La representación sindical contextualizó la situación en la que viven y detallaron que en estos años solo han formado un convenio colectivo que les permitió un incremento salarial del IPC y una reducción de horario anual de 13 horas.
Posteriormente, en el año 2020, trataron de negociar otro, pero se les negó todo lo planteado. Ahora se ha vuelto a plantear y reclaman consolidar una jornada anual de 1.676 horas, con reducciones progresivas para llegar en tres años a un cómputo de 1.592, a lo que la empresa ya ha anunciado que no aceptará.
