No es la primera vez que los vecinos del Ensanche de la capital alavesa se despiertan con la noticia de una reyerta en una de las discotecas de su barrio, pero sí que esperan que esta vez sea la última. “Eso de la discoteca está denunciado mil veces, pero parece que se va a tener que matar alguien para que se haga algo. Hay mucho ruido pero poca acción. Todo está muy bien recogido, pero no se actúa. Por un lado está la burocracia y por otro la realidad. Yo creo que la gente está cada vez más enfadada. Por eso la postura la tenemos muy clara: empezamos por el ruido y seguimos por la seguridad ciudadana porque en torno a ese tema del mal ocio nocturno se mueve una inseguridad nocturna”, lamenta Rosa Murguía, de la asociación vecinal, Ensanche XIX, colectivo que se ha sumado a la plataforma 7 Ordu Lo, junto con los Arquillos Bizirik, Uribitarte Anaitasuna, Barakaldo Centro, la Asociación de Vecinos del Casco Histórico de Durango y Parte Zaharrean Bizi de Donostia para trasladar sus problemas de vandalismo y ruido ligado al ocio nocturno al ámbito de la comunidad autónoma, “dado que los ayuntamientos no responden a nuestras reivindicaciones en ningún momento”.

Sin descanso

Murguía recuerda que hay sonómetros como los de Mateo de Moraza que se disparan a los 75 decibelios por la noche, “cuando no debe haber más de 55”, lo que impide el derecho al descanso de los allí residentes. Si bien, estas molestias también se repiten en otro local de ocio nocturno de la calle Paz, “donde una de nuestras asociadas se tiene que ir a Donostia todos los fines de semana para poder descansar” o en la calle Dato, donde otro local, a la altura de la estación, es la pesadilla de sus vecinos. Pero, como insiste, son solo algunos ejemplos. “Los vecinos están todo el día llamando al 010, pero no se les tiene en cuenta. Y a la Síndica también le llegan muchas quejas individuales. A ver si colectivamente podemos tener voz”, desea.

Para atajarlos, Ensanche XIX pide, “por lo menos”, que se apliquen las ordenanzas con las sanciones previstas, que haya inspección de oficio, por ejemplo de sonómetros, para que no sea el ciudadano el que avise del ruido, que haya protocolos de desalojo de locales, mayor presencia de patrullas y evaluación de acciones programadas.