Cuatro acusados admiten agresiones sexuales a menores tutelados en Álava

Los acusados A.S., D.T. y B.I. admitieron los hechos, pidieron disculpas a las víctimas, sus familias y sociedad, se comprometieron a “no recaer” y abonaron unas cantidades simbólicas de hasta 2.000 euros.

Un acuerdo para ver reducida su condena que va de penas de prisión desde 1 a 13 años. Terminaba así el juicio para estas tres personas a la espera de que se redacte la sentencia que será acorde a lo pactado y reconocido por los procesados. Tras un breve receso, el acusado R.C., cuya defensa intentó en un principio anular las pruebas de los registros de los móviles y las fotografías de los menores, dio a conocer “un principio de acuerdo” con la parte de la acusación que se refrendará este próximo miércoles, y, por el cual, aceptará los cargos y verá también reducida su condena.

Se trata de un psicólogo que llegó a entrar en prisión provisional en 2016, año en el que ocurrieron los hechos. Estos acuerdos pueden hacen tambalear los argumentos de los otros seis acusados, quienes, en su mayoría, reconocieron haber mantenido y pagado las relaciones sexuales con los adolescentes y centran sus defensas en el desconocimiento de que fueran menores de edad.

El nexo de unión de todos los inculpados es la página web pasion.com a través de la cual accedieron a los contactos sexuales con los menores de edad y en dicho portal escudaron su desconocimiento de la minoría de edad al exponer reiteradamente que “es una página de contactos para adultos”.

Por su parte, Fiscalía y acusación centran sus esfuerzos en demostrar que los procesados conocían que las víctimas eran menores de edad, debido a sus características físicas, ya que tenían entre 14 y 17 años, fotografías que los inculpados poseían en sus móviles, así como mensajes de texto en los que los chavales expresaban que estaban “en el cole” o directamente les decían su edad real.

Declaraciones

El tribunal, compuesto por los magistrados Jesús Poncela, Francisco García Romo y Elena Cabero, fue el encargado de anunciar los acuerdos y explicar los hechos antes de dar la palabra a los tres implicados, de los cuales dos ya se encuentran presos y estuvieron custodiados por agentes de la Ertzaintza. A.S. ha sido condenado a un año y un día de prisión por mantener “un encuentro sexual” con un menor tutelado de 14 años y otra menor tras pagar 400 euros por una hora de servicio sexual. D.T. mantuvo relaciones sexuales con dos menores de 13 y 15 años “a cambio de dinero y marihuana” y “consciente de su minoría de edad”.

En total, admitió cuatro delitos de corrupción de menores de 16 años y abuso sexual con acceso carnal que suman 13 años y cuatro días de prisión. Dijo estar “muy arrepentido” y pidió “perdón” tanto a los menores como a los responsables del centro Sansoheta. B.I. expuso que conoció al menor en una discoteca con quien inició “una relación sentimental” que “se torció” al enterarse que el adolescente mantenía relaciones sexuales con otras personas mediante un portal web. En ese momento, comenzó a pagarle también por recibir sus servicios. Visiblemente afectado, contó que “su vida no ha sido fácil” tras sufrir maltrato de sus padres. “Hacemos mal las cosas por falta de cariño”, añadió, para pedir perdón “de corazón”. Su condena asciende a 7 años y dos días y los tres tienen una orden de alejamiento de 200 metros a sus víctimas, inhabilitaciones para cualquier trabajo que implique relación con menores y cinco años de libertad vigilada tras cumplir sus condenas.

A la espera de conocer el acuerdo alcanzado por R.C., el resto de acusados centró sus alegatos en defender que desconocían la minoría de edad de las víctimas sin renunciar a contestar a las incisivas preguntas de la fiscal provincial de Álava, Carmen Cotelo; así como las del Consejo del Menor, la acusación de una de las propias víctimas y la de la asociación Clara Campoamor. A.S., tenía 42 años en 2016 y reconoció abiertamente que mantuvo encuentros sexuales pagados con un “chico”, aunque negó los otros encuentros que se le imputan. “No se me pasa por la cabeza que un menor esté en una página de adultos”. Esta premisa también fue utilizada por I.B., de 63 años, a quien se le imputa por abusar de tres jóvenes. “No soy pederasta. Pido el DNI siempre y les echo de casa sin son menores”, argumentó, a pesar de que la acusación planteó que una de las víctimas le mandó mensajes de “estoy en el cole” y “tengo 17 años”. En su caso, sorprendió a la sala al manifestar que contactó la semana pasada con una de las víctimas para “sacar pruebas”.

“Se dedica a eso, es un buscador de sexo”, añadió. “No le pedí el DNI porque no imaginaba que fuera menor de edad”, alegó L.F., quien admitió haber mantenido “dos o tres” encuentros sexuales con dos chicos en los que también consumieron drogas y vieron pornografía. Según la Fiscalía, J.A. abusó de tres menores, aunque tan solo reconoció una relación “amorosa” con uno de ellos. De otro joven, sabía que estaba en “un centro” cercano a su casa, pero cuando quedó con el ya tenía “18 años” y “no estaba en el centro”. Achacó la autoría de los mensajes de teléfono presentados por la acusación a un antiguo compañero de piso, pero no aportó prueba alguna al respecto. El quinto acusado, P.R., es un militar prejubilado que mantiene que tuvo relaciones sexuales cuando el joven “tenía supuestamente 18 años”. Reconoció que la primera cita fue cuando el adolescente tenía 17 años, y, por ello, “solo hablamos, sin hacer nada”. Por ultimo, I.R. declaró que no recordaba nada “porque me ponía hasta el culo por esa temporada”. “Me pareció que era joven, pero no menor por cómo se desenvolvía en la situación”.

Estas seis personas se enfrentan a penas de prisión que en total suman más de 200 años de cárcel tras endurecer la Fiscalía su solicitud inicial por los delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores y delitos contra la salud pública. La vista se retomará este miércoles con la declaración y confirmación de los cargos reconocidos por uno de los acusados y continuará con la declaración de las víctimas, mayores de edad en la actualidad, que testificarán a puerta cerrada, tal y como se acordó en el auto de admisión de pruebas. El jueves seguirán con sus declaraciones y el viernes será el turno de los agentes de la Ertzaintza que intervinieron en este caso. Finalmente, se ha previsto que el lunes 3 de octubre tengan lugar las periciales y los informes finales de las partes personadas.

El caso saltó a la luz en noviembre de 2016, cuando se conoció que la Ertzaintza estaba investigando a varios hombres por pagar para tener sexo con menores tutelados por la Diputación, tras recibir una denuncia del director del centro de Sansoheta de Vitoria, que entonces acogía a jóvenes con problemas de comportamiento cuya tutela había sido retirada a sus progenitores. Un centro que después de todo este escándalo cerró y ahora se va a adecuar para albergar a personas con discapacidad intelectual. Beatriz Artolazabal era la diputada responsable de Políticas Sociales durante aquella época y a las pocas semanas de conocerse la investigación fue designada como consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, cartera en la que continúa en el cargo. En el proceso judicial también está personada como acusación particular la Diputación de Álava, que se ha adherido a la petición del Ministerio Fiscal y la asociación Clara Campoamor como acusación popular que reclama penas que oscilan entre 3 y 29 años de cárcel para los acusados.