Una convocatoria de huelga indefinida de los sindicatos médicos del sector público en todo el Estado, con paros de una semana cada mes y la perspectiva de su mantenimiento al menos hasta la llegada del verano, es una apuesta de máximos en un sistema de salud ya tensionado por la demanda sanitaria y las limitaciones en el número de profesionales. El malestar facultativo se argumenta en la limitación de recursos, guardias dilatadas, diferencias retributivas y burocracia creciente. Pero como servicio público esencial, la respuesta exige mesura, responsabilidad y una negociación seria, no una escalada que convierta a los pacientes en daños colaterales. Las discrepancias con el Ministerio son profundas. El nuevo Estatuto Marco pretende ordenar de forma homogénea la jornada y las guardias del personal estatutario, pero los sindicatos médicos lo ven como una amenaza: temen que consolide una “disponibilidad permanente” disfrazada de flexibilidad, que mantenga las guardias como gran agujero negro de la conciliación y que no reconozca la carga específica de su responsabilidad. Esto provoca otra grieta con el resto del personal sanitario público. Mientras el resto de sindicatos defienden un marco común, las organizaciones médicas optan por el carril corporativo. El riesgo es que una reivindicación legítima se perciba como privilegio frente al resto de colectivos, cuyo esfuerzo es tangible también. La cohesión del equipo asistencial también es un activo. El derecho a mejorar las condiciones laborales no debe estar en cuestión. La huelga es un derecho democrático, pero este ejercicio impacta más en quienes menos culpa tienen: las personas más vulnerables, dependientes de la red pública para cada visita, tratamiento o urgencia. El Ministerio tampoco puede refugiarse en su papel de legislador básico. La sanidad es una competencia compartida: el Estado fija las bases, pero son las comunidades autónomas quienes gestionan plantillas y organización. Habría sido deseable una coordinación más intensa con ellas antes de perfilar un Estatuto que tendrán que aplicar en hospitales y centros de salud bajo gestión autonómica. Si se quiere evitar una fractura profunda, hace falta escuchar a los médicos, al resto de categorías y a las autonomías, y retocar lo necesario para alcanzar un equilibrio razonable.