La propuesta de inversión en seguridad y defensa que el Gobierno español incorporará a su ejecución presupuestaria este año nace fruto de la necesidad pero también presenta varias aristas. De necesidad, si no de obligación, puede calificarse el incremento de gasto en la materia en tanto la referencia del 2% del PIB se ha convertido en el mínimo que los socios de la UE y la OTAN reclaman para empezar a satisfacer las iniciativas de una defensa autónoma europea. El gasto del Estado está a la cola entre socios corresponsables que empiezan a mirar con más detalle el compromiso del de al lado con la defensa común. Pedro Sánchez, que recibe en su actividad internacional cada bocanada de impulso que no le proporcionan sus estrecheces y la campaña de acoso y derribo de la derecha en la política interna, necesita dar garantías. Más aún cuando, en el pulso discursivo con la nueva administración estadounidense, la postura del Ejecutivo español es promover una autonomía europea basada en iniciativas conjuntas y coordinadas. La defensa y seguridad es una de las centrales. La incomodidad llega con el impacto entre las fuerzas más a la izquierda de su entorno de estabilidad. Hay en su posicionamiento un enfoque ideológico muy insertado en esa tradición política, que demoniza el concepto de defensa asociándolo a militarismo y aboga por una hiperdimensión de las posibilidades de la diplomacia en las relaciones internacionales. Una loable aproximación que no se ve respaldada por la realidad geoestratégica y las amenazas al modelo de bienestar y libertades de las democracias en Europa. Tristemente, una Europa pacifista pero indefensa no garantiza una Europa más libre. Entre las aristas del plan de Sánchez está el reiterado soslayo del poder legislativo. Consciente de su dificultad, el plan de inversión no precisará ser aprobado en el Parlamento, lo que convertirá en inocuo el debate sobre su contenido. Tampoco se sostendrá en un nuevo presupuesto por la misma razón. El diseño de Sánchez –incluyendo ciberseguridad, capacidades militares ante emergencias y mejoras laborales– le permite sostener que solo un 19% del gasto previsto irá dedicado a armamento y que las partidas reorientadas no afectarán al gasto social. Lo que no evitará el pulso ideológico interno y está por ver si satisface en el exterior.