La divergencia entre PSOE y Sumar sobre cómo afrontar el debate sobre la Seguridad y Defensa europeas era más que previsible en atención a las posturas manifestadas por ambos partidos. El partido de Yolanda Díaz presenta el debate como un juego de suma cero entre el gasto en defensa y el gasto social que le empuja consecuentemente a rechazar toda inversión en los objetivos colectivos de los países europeos en el primer ámbito. Es cierto que el desarrollo del mecanismo de financiación que se quiere afrontar en el marco de la Unión Europea y de la OTAN, tiene aún pendiente clarificar el modo de preservar su impacto en el resto de partidas presupuestarias, pero ahora mismo es igualmente especulación asumir que solo sea posible a costa de los servicios públicos. A falta de memoria económica, el debate está atascado en la ideología. De ahí que renazca la propuesta de abandono de la OTAN en momentos en los que contemplan su adhesión países que tradicionalmente se han caracterizado por su modelo social, como son los nórdicos. El desencuentro interno entre los miembros del Gobierno Sánchez es un fenómeno recurrente y esperable en este aspecto; más si cabe en tanto a la apuesta defensiva europea no hay contrapropuesta que justifique que no sea necesaria. Pero si algo está realmente tensionando la relación interna del gabinete es el enconado pulso que se registra en torno a iniciativas que el partido de Yolanda Díaz y la propia vicepresidenta consideran emblemas de su acción de gobierno. Ayer, de nuevo el tono de Díaz se elevó varios grados para reprochar directamente a su compañera de escaño los motivos por los que ha optado por vetar la exención fiscal de las rentas asociadas al nuevo salario mínimo interprofesional (SMI). Este es un asunto que se aleja de una solución razonable mientras los diagnósticos se sustituyan por reproches. El efecto real de la subida del SMI se ve objetivamente condicionado por la obligada tributación en régimen común y la exención es una posibilidad más o menos oportuna en virtud de otros aspectos de suficiencia presupuestaria. Tampoco ayuda al consenso la unilateralidad de Díaz en su incremento. Pero no cabe reclamar adhesión inquebrantable a los socios de investidura si los de gobierno no son capaces de superar sus posturas particulares.