La necesidad y la ambición devuelven al Partido Popular a las agendas de Vox, pocos meses después de que se escenificara la ruptura de los acuerdos autonómicos por parte de la formación ultraderechista. El desencuentro ha durado hasta que las dificultades para aprobar presupuestos han alcanzado al eslabón más débil de la cadena autonómica del PP: Valencia. El gabinete de Carlos Mazón, acosado por la gestión de la dana mortal, tanto desde la perspectiva de la opinión pública como de los tribunales, ha buscado el cobijo de la ultraderecha para asegurarse presupuestos en 2025. Al demoledor informe de la jueza instructora sobre el comportamiento de los responsables autonómicos en la gestión de la emergencia se añade la denuncia ante Fiscalía por la filtración de audios manipulados de una conversación entre una miembro del servicio de Emergencias 112 y una meteoróloga de la AEMET. La vía de escape de Mazón, con la connivencia y el respaldo de la dirección nacional del Partido Popular, que sigue cerrando filas en torno a él, ha sido obtener el apoyo de Vox para sus presupuestos mediante la asunción en ellos de las posiciones más ideologizadas de la formación de Santiago Abascal en materia de inmigración, medioambiente y cooperación. Las aportaciones de la ultraderecha al presupuesto de la Comunidad Valenciana son una transposición de sus obsesiones identitarias a la acción de un Gobierno en el que eligieron no estar como medio de presionar al PP en una estrategia que está sirviendo para que el partido de Alberto Núñez Feijóo haga suya una agenda negacionista. Mazón incorpora la liquidación de políticas de desarrollo sostenible, de implementación de la lengua valenciana, de agenda verde, de acción social a través de ONG y sindicatos y las sustituye por iniciativas populistas de cuestionable aplicación legal, como pagar por devolver a menores migrantes. Satisfacer a su socio de hecho en el gobierno pasa por asociar públicamente crimen e inmigración por boca del propio presidente valenciano mediante bulos o por proclamar su negativa a participar en el reparto de menores inmigrantes de las autonomías más saturadas. Por esta vía, se consolida el eje de la atención de la opinión pública hacia las opiniones más manipulables y se aleja de la falta de respuesta a sus necesidades.