El volumen coincidente de noticias sobre presuntos casos de corrupción política favorece la percepción de un problema generalizado y alimenta las estrategias de quienes obtienen rendimiento en descapitalizar el modelo representativo que sujeta nuestras estructuras democráticas. La dilación de los procesos judiciales, sobre todo en fase de instrucción, y la continua filtración de contenidos de las investigaciones no ayuda ni al ejercicio de la justicia ni a la estabilidad. Es importante que quienes son responsables de gestionar esos hechos –tanto en el nivel judicial como en el político– actúen con diligencia y equidad. Coinciden estos días revelaciones asociadas a la investigación de los casos Aldama y Ábalos, de nuevos delitos que podrían implicar a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, todos ellos aún en fase de instrucción. Falta en todos los casos la prudencia debida a la hora de valorarlas por parte de los responsables políticos, que se manejan con baremos flexibles en función de sus intereses. No es correcto, en cualquier caso, hacer tabla rasa. Ni todas las fuerzas políticas reaccionan con la misma diligencia y contundencia, ni todos los casos son equivalentes. Vuelve a aflorar también en estos días la extensa, estructurada y escandalosa trama Gürtel, una de cuyas últimas piezas se juzga con un corolario de confesiones de los principales acusados, que han optado por tratar de minimizar el impacto de su pena, una vez acreditado en procedimientos anteriores con condenas contundentes, que la trama no solo existió, sino que medró en el círculo de intereses en torno a instituciones gobernadas por el Partido Popular. Es cierto que la Justicia ya acreditó y condenó el proceder delictivo de esta formación –a título lucrativo– y que se giró el coste político al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero no es menos cierto que la abrumadora cantidad de pruebas que van a configurar la certeza judicial adquiere un valor diferencial sobre otros casos. La reiterada práctica por parte de algunas fuerzas políticas, de tratar de eludir responsabilidades creando la sensación de que el mal no les es propio sino generalizado, no anima a confiar su compromiso con la prevención de nuevos exceso o de que vayan a priorizar la preservación del bien público por encima de las siglas propias.