La perspectiva de la reforma fiscal por la que aboga Pedro Sánchez no recibe buenos augurios en tanto los enfoques ideológicos y la prioridad del desgaste de su Ejecutivo sigan marcando las agendas de los partidos. Los puntos de desencuentro son la pretensión de la izquierda de hacer definitiva la tasa sobre ingresos extraordinarios de la banca y las energéticas y la de la derecha de reducir la presión fiscal, como principio. Posiciones irreconciliables que solo podrían hallar un mínimo común denominador desde una aproximación objetiva, al menos veraz, a las pautas fiscales. Conviene recordar que, entretanto, la Justicia Europea corre plazos de la demanda contra España por no implementar la normativa que asegure, como recomendó la Comisión Europea en marzo de 2022 y acordó el Consejo en octubre de ese mismo año, la implantación de un tipo mínimo del 15% en Impuesto de Sociedades para las multinacionales. Un mecanismo que despejaría muchos debates maniqueos sobre la corresponsabilidad fiscal de las empresas. En el caso de las tasas a los ingresos extraordinarios, nacieron cuestionadas por no dirigirse a los beneficios y, convertirla en un impuesto estable, contradice el reglamento de la Unión Europea que incide en que, por la propia naturaleza extraordinaria de la referencia, solo debe ser temporal. En el caso concreto del sector energético, la medida también gravaría la generación verde, lo que es un desincentivo a la inversión difícil de compaginar con los objetivos ambientales. Además, una presión fiscal extraordinaria y específica al sector en el Estado, mientras el resto de Europa ya ha puesto fin a las suyas afectará a la competitividad. Por otro lado, el recorte de ingresos fiscales en plena necesidad de corregir los estragos de la trágica DANA en el levante y sur peninsular, causaría un aumento del déficit público. El caso de la banca no es idéntico, pues arranca del esfuerzo colectivo de su rescate en los últimos 15 años y el impuesto afectaría a su dividendo, pero no a su capacidad de financiar actividad ni a invertir, como sí ocurre en las energéticas. El diagnóstico de un consenso debe salir de enfoques de esta naturaleza técnica y no de una mera escenificación, que en un extremo ideológico, equipara tener un seguro sanitario con comprar un yate y, en el otro, identifica la progresividad con confiscación. Más realismo para salir del bucle.