La violencia desatada como reacción a los asesinatos y secuestros perpetrados por Hamás contra civiles israelíes ya es una guerra regional con efectos que alcanzan todo Oriente Próximo. La intervención de las tropas hebreas en Líbano se suma a la campaña de persecución de la población civil palestina en Gaza y Cisjordania, que acumula decenas de miles de muertes y condena a la desnutrición a millones más y a la escalada con el régimen fundamentalista de Irán mediante un intercambio de ataques aéreos. La estrategia del ultraderechista Benjamin Netanyahu ha dado sobrados ejemplos de impunidad, de ruptura de consensos internacionales en materia humanitaria y de derecho y hasta de una falta de decencia y ética políticas que le lleva a traficar con vidas humanas y a causar una pérdida masiva de las mismas. El Gobierno que preside ha desbordado todas las líneas rojas durante el último año, hasta el punto de que el acoso que aplica contra Naciones Unidas, su secretario general y sus representantes sobre el terreno –tanto trabajadores de las comisarías humanitarias UNRWA, Unicef, ONU Mujeres, Programa para el Desarrollo, etc...– ha hecho blanco de sus acciones militares a ese incómodo testigo que es la Fuerza de interposición de la ONU en Líbano (FINUL). El Consejo de Seguridad volvió a valorar su resolución que, desde hace dos décadas, reclama el respeto a la integridad y soberanía libanesas y el desarme de las milicias enquistadas en su territorio. Pero es un debate superado por los acontecimientos si no se aplica un compromiso firme con su cumplimiento. Esto implica diplomacia pero también sanciones, algo imposible mientras persista el alineamiento de Estados Unidos. En el seno de la Unión Europea hay también demasiada divergencia por criterios geoestratégicos que supeditan la contundencia a intereses económicos, discursos ideológicos y conveniencia económica. Pero es momento de fijar nuevas líneas rojas con contundencia: restaurar el baremo de los principios humanitarios y del derecho internacional e imponerlos con un compromiso firme que llame a la agresión, el genocidio y el expansionismo por su nombre, pero también al integrismo y el terrorismo y se aplique en conseguir que todas esas prácticas no sean gratuitas, con independencia de quién las aplique.