Resulta demasiado habitual que los acuerdos a los que llegan los diferentes partidos con el Gobierno español tengan, pasado un tiempo inicial, interpretaciones muy distintas acerca de su verdadero alcance, algunas de ellas contradictorias. Ha sucedido en los últimos días tras el pacto con ERC que propició la investidura del socialista Salvador Illa como president de la Generalitat catalana. El acuerdo establece el compromiso del Ejecutivo de articular un nuevo sistema de “financiación singular” que supondría que Catalunya pudiera recaudar todos los impuestos generados en la comunidad al tiempo que realice una aportación económica al Estado por los servicios que este presta con el objetivo de garantizar la solidaridad interterritorial. Aunque es cierto que el Gobierno español no habló en ningún momento de “concierto” para definir o explicar este nuevo modelo, las interpretaciones –en especial desde ERC pero también de la derecha del PP y Vox– llevaron a equipararlo con el sistema foral de la CAV y Nafarroa. Las últimas declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, venían a aclarar que el acuerdo no supone “un concierto económico” ni tampoco una reforma al uso de la financiación autonómica aunque sí un modelo “singular” para Catalunya, palabras que han irritado sobremanera a ERC, que ha amagado con retirar su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. Estas discrepancias sobre el alance de un acuerdo firmado entre dos partes, aunque recurrentes, no son asumibles. Probablemente exista un error de base en la nada rigurosa, injusta y peligrosa comparación entre el sistema de financiación que tendrá Catalunya con el Concierto y el Convenio de la CAV y Nafarroa, que tiene su anclaje en la disposición adicional primera de la Constitución que ampara los derechos históricos y que está avalado, no solo por el Tribunal Constitucional en sentencia de 2016, sino incluso por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2008. Catalunya necesita un sistema de financiación propio y singular que garantice la gestión de sus recursos y la aplicación de las políticas adecuadas a su situación, atendiendo también al criterio de solidaridad, pero establecer similitudes no conduce más que a la confusión y a alimentar la estrategia populista y de presunto riesgo de ruptura del PP.