Los emblemas ideológicos se imponen a la necesidad de encarar la realidad en el debate político y el de la inmigración no es el menor de los lastrados por el dogmatismo. La presencia de menores migrantes en situación irregular en los puntos de acceso a Europa es una constante creciente. Tanto más cuanto el flujo de sus mayores ha dejado de ser una huída hacia la sostenibilidad económica y se acerca a la pura supervivencia física frente al hambre, la guerra o la persecución. Encarar esa realidad exige definir mecanismos de gestión del flujo de personas pero igualmente es preciso asimilar que implica destinar recursos que genera la sociedad de acogida y que esos recursos se dotan a costa de otros objetivos también importantes. Por ello, es sencillo manipular el debate generando el temor a que la llegada de “los de fuera” merme las condiciones de vida de “los de casa”. El populismo explota este comportamiento visceral deshumanizando a las personas, que dejan de ser menores, hombres o mujeres para convertirse en amenazas, delincuentes o parásitos de la caridad ajena. El grado de penetración de esta estrategia ha llegado a esgrimir con naturalidad la desigualdad, el señalamiento y la criminalización de las personas por su origen. Hoy se debatirá entre el Gobierno español y los de las comunidades autónomas el reparto de menores migrantes llegados a Canarias y el riesgo de desacuerdo es amplio. Para superarlo harán falta compromisos medibles y equilibrados y un principio de cooperación solidaria hacia los migrantes y entre las administraciones. Despejar el rechazo al esfuerzo de la acogida pasa por dotarse de mecanismos de financiación; aflorar la insolidaridad, por confrontar el discurso con la realidad. La Comunidad Autónoma Vasca acoge ahora mismo a 723 menores extranjeros, un 4,82% de los 15.000 que se calculan en todo el Estado y porcentaje cercano al de su población. En el caso de Navarra, los 110 acogidos suponen en porcentaje la mitad del 1,39% que constituye su población en relación a la del Estado. Si miramos a Madrid, la comunidad suma un 14,24% de la población española pero recibe en sus instalaciones al 8% de los menores no acompañados. La solidaridad hacia el débil es un asunto de humanidad; la horizontal entre quienes la prestan, de justicia.