El punto final a la irregularidad dilatada de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atascado en un mandato de sus vocales caducado hace cinco años y medio y mermado de efectivos es en sí misma una noticia de la que congratularse. La patrimonialización política de las instituciones sostenida durante este tiempo resultaba especialmente dolorosa en el caso del Poder Judicial pero la solución pactada por PP y PSOE no parece ponerle final. De hecho, el acuerdo de renovación es básicamente un reparto de sillas a elección de ambos partidos, lo que deja de facto al 35% de la voluntad política expresada en las unas el pasado año –que es más de lo cosechado por cualquiera de los dos partidos– fuera de la decisión. No es cuestión de ceder a la ingenuidad de pretender que el órgano que gobierna a los jueces sea representativo de las sensibilidades sociales de un modo proporcionalmente equivalente. No ha sucedido en el pasado ni sucede en este caso. Lo significativo es que el acuerdo haya consistido en distribuirse al 50% los puestos del Consejo y la reforma del mismo siga en el ámbito de las intenciones y de un procedimiento transferido al propio CGPJ, en una suerte de solapada dirección de la función legislativa que roza los límites de su competencia. El consenso alcanzado tampoco augura un cambio de situación en las relaciones políticas en tanto se circunscribe al Poder Judicial y sigue sin encararse la renovación de otros cargos públicos. No sería una decisión inteligente extender el modelo de ninguneo al resto de sensibilidades representadas en el Legislativo por mucho que las cuentas les salgan a ambos. La estabilidad de Pedro Sánchez depende de no ningunear a sus socios y el mensaje que traslada este reparto pactado va en la dirección equivocada. La profesionalidad de los miembros de la carrera judicial no debe ponerse en cuestión, pero tampoco negar la evidencia de que su sensibilidad ideológica ha conducido en no pocas ocasiones su perspectiva del derecho. En ese sentido, como poder independiente de un Estado democrático, su nexo de unión con la legitimación recurrente debe persistir en la nueva reforma legal de su procedimiento de elección. De lo contrario, caería en un modelo de pura autogestión corporativa que no se admite en democracia a ninguno de los otros poderes.