La Corte Internacional de Justicia (CIJ) comenzó ayer a estudiar la demanda de Sudáfrica contra Israel por presunto delito de genocidio contra el pueblo palestino y el proceso ya empuja hacia una polarización que en ningún caso debe perder de vista los fundamentos del derecho penal y humanitario. Los antagonismos ideológicos vienen marcando las posturas internacionales y sometiendo a conveniencia de los intereses geoestratégicos de cada cual lo que debería ser una postura firme en defensa de los derechos humanos, con independencia de quién los amenace. Sudáfrica, aliado histórico de la causa palestina, ha acudido a la Corte de La Haya sobre la base argumental del acoso sobre el pueblo palestino con actos de naturaleza genocida que, según su denuncia “no son marginales, sino que están incorporados en la política estatal” de Israel. Ya en noviembre pasado, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, denunció el uso indiscriminado de la fuerza contra civiles en la franja de Gaza, así como la estrategia de privar deliberadamente de suministros, alimentos y agua a los refugiados. Estos parámetros, y no la construcción de un equilibrio maniqueo con los crímenes de Hamás, son los que deben inspirar la protección de los derechos y la denuncia de sus violaciones. El atrincheramiento de Israel en torno al derecho de legítima defensa se antoja débil. Su reproche, a quienes le denuncian, de justificar a los terroristas, es casi una confesión de que, efectivamente, el Gobierno de Netanyahu equipara al conjunto de la población palestina con sus antagonistas armados. Yerra, además, al situar el grado de responsabilidad ética del Estado de derecho israelí al nivel de una organización terrorista como Hamás. El fondo de la cuestión sigue siendo la brutal política de represalia a los millones de desplazados a los que se mantiene en condiciones infrahumanas, la ocupación y colonización del territorio palestino hasta hacer inviable su autonomía y la deshumanización que ha causado ya 24.000 muertos en Gaza y casi 2 millones de refugiados internos. Poner freno a esta matanza no equivale a justificar las cometidas por el terrorismo árabe. El debate ético es de fondo; y, ese, tampoco lo va a solventar un proceso en la CIJ que carece de los medios para implementar sus resoluciones.