Los actos solemnes celebrados ayer con motivo la celebración del 45 aniversario de la Constitución española volvieron a poner en evidencia el momento de crisis que vive el marco jurídico-político instaurado en 1978, heredero del franquismo que impuso su dictadura hasta solo tres años antes y precursor del incipiente régimen que pugnaba por convertirse en democracia plena. El tóxico clima político de alta crispación que vive el Estado español y el reflejo de esta situación en el bloqueo institucional existente quedaron patentes, un año más, sin que se vislumbren posibilidades de un cambio de actitudes políticas entre los partidos que propicie los cambios imprescindibles que solo podrían venir del consenso para una reforma integral del texto constitucional adaptándolo a las realidades políticas, jurídicas, sociales y económicas del siglo XXI. Los acontecimientos de las últimas semanas han sido elocuentes en este sentido, desde la contradictoria –y, en gran parte, interesada– interpretación de la Constitución en asuntos como la amnistía para los condenados del procès hasta la obscena escenificación de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que –incumpliendo de forma flagrante la denominada “norma fundamental”– se arroga la capacidad de emitir juicios de valor político estando su mandato caducado desde hace un lustro, pasando por las interpretaciones de parte del Tribunal Constitucional que siguen deteriorando el autogobierno y vaciando de contenido el Estado de las autonomías. La reciente decisión de Pedro Sánchez de crear ministerios –como Vivienda o Infancia y Juventud– para los que el Estado no tiene competencias es reveladora, asimismo, de esta erosión regresiva. La realidad para Euskadi y el resto de naciones del Estado es que el sistema vigente en la Constitución es profundamente anacrónico. En primer lugar, porque, 45 años después, sigue sin abordarse la cuestión crucial del modelo mismo de Estado, que debe ser plurinacional y plurilingüe y basado en el reconocimiento explícito y el encaje constitucional de estas naciones y con una relación basada en la bilateralidad. El inmovilismo de los principales partidos españoles incluso para reformar los artículos más anacrónicos está impidiendo avances importantes en todos los ámbitos, incluidos los retos de la interdependencia europea y la globalización.