No ceja el lehendakari, Iñigo Urkullu, en perseguir la materialización de los compromisos y obligaciones adquiridos en el marco europeo por los gobiernos de los estados francés y español en el desarrollo de la alta velocidad ferroviaria en el eje atlántico. Continúa ejerciendo la representación de las comunidades y entes territoriales afectados por el retraso acumulado, desde Nueva Aquitania a Portugal, pasando por todas las comunidades de la cornisa cantábrica, incluyendo a la Foral Navarra. El paso más reciente, junto con el presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, obtuvo de la comisaria de Transportes de la Comisión Europa, Adina Valean, la priorización de las subvenciones para su construcción. Y de prioridades va el atasco que acumula el desarrollo de una infraestructura cualificada como prioritaria por parte de la propia Unión. El eje atlántico se ha visto relegado por la falta de interés de los ejecutivos de París y Madrid y su apuesta principal por el desarrollo de la conexión mediterránea. La estrategia de los sucesivos gabinetes de ambos estados amenaza con convertir en territorios de segunda a los afectados. Hay un interés socioeconómico francés en que el tránsito de viajeros y mercancías haga estación de término en Burdeos –evitando la competencia de los territorios al oeste de la urbe– y la inexplicable ceguera de sus homólogos españoles, incapaces de ver la palanca de desarrollo de los territorios industrializados del norte de la península concibiendo las infraestructuras de transporte como activos del turismo y la agricultura mediterráneas. La disputa no es real en términos de desarrollo socioeconómico, por las diferentes características de ambos ámbitos, pero es tangible en términos de influencia política sobre grandes núcleos de población, que es lo mismo que decir de votantes. En el marco electoral que se afronta, se vuelve a evidenciar que las prioridades de los territorios vascos, pero también del conjunto de la periferia peninsular, solo ocupan posiciones destacadas en las estrategias de Estado de la mano de agendas propias diseñadas y proyectadas por representantes políticos de obediencia local. Renunciar a ellas va contra la lógica del bienestar y, en el caso de la infraestructura ferroviaria, esta ha sido víctima de la pinza entre una voluntad centralizadora y un dogmatismo irreflexivo desde la izquierda local.