El aniversario del bombardeo de Gernika volvió a tener ayer la significación que atesora en materia de reivindicación de la memoria de la represión y las víctimas civiles de un crimen de guerra. No se acaba de despejar del todo la oportunidad de que Gernika reciba satisfacción mediante una petición de perdón oficial desde las instancias del Estado. No se trata de asumir o atribuir responsabilidad heredada. Ningún gobierno democrático es corresponsable de la atrocidad. Por eso mismo es oportuno liberarse de los criterios de oportunidad política a la hora de adoptar posturas éticas innegables que no den lugar a la ambigüedad. Los responsables del bombardeo de Gernika, Durango y otra media docena de municipios indefensos, al igual que los de la represión y el asesinato en retaguardia, incluso donde no hubo enfrentamiento armado –Navarra, sin ir más lejos– también enarbolaron la bandera del proyecto nacional español, construyeron su legalidad y lo administraron durante décadas; participaron además en el relevo de esa legalidad hacia una nueva pactada con ellos. Ese marco es el que justifica que un gobierno legítimo y democrático asuma –como lo han hecho otros en Alemania e Italia sin mayor responsabilidad directa– la petición de perdón y el resarcimiento por el daño infligido hace 86 años. La perspectiva que debe animar el tratamiento de este asunto de memoria es ética y no supeditarla a la política. La convicción ética es la que libera de sospechas la gestión política; gestión que no ha considerado oportuno durante décadas que el Gobierno del Estado participe oficialmente en los actos de memoria de los bombardeos, a los que por primera vez acudió ayer un ministro en activo, en vísperas de un proceso electoral. El Gobierno Sánchez ha dado pasos sucesivos recientemente en la dirección correcta, motivado también por la visibilidad que supuso la alusión pública del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cuando comparó el sufrimiento de sus civiles con el de Gernika. Comparación que no sentó igual de bien en todas las sensibilidades políticas y mediáticas del Estado, lo que acredita lo oportuno de zanjar debates con una firme postura pública mediante un acto de justicia restaurativa de sus víctimas que ayer mismo reclamada de nuevo el lehendakari, Iñigo Urkullu.