El Proyecto de Ley de Educación aprobado ayer por el Gobierno Vasco pone en marcha el proceso legislativo formal de un largo camino previo cuyo horizonte debe ser la aprobación de la primera ley integral del sistema educativo en Euskadi. La esencia de la iniciativa normativa está en el acuerdo transversal sobre el que un 90% de la representación política del Parlamento sentó las prioridades y objetivos compartidos para encarar los retos de la educación en materia de sostenibilidad, eficiencia, integración y capacitación. Ese es el objetivo que no debe perderse de vista y que tiene en el proyecto aprobado ayer suficientes elementos que lo identifican como prioritario. Sin obviar la realidad de la diversidad de un sistema público y concertado que hasta la fecha ha sido capaz de contener en mínimos los niveles de fracaso escolar y en máximos el nivel formativo superior. Lo que vendrá a continuación es una prueba de compromiso de los partidos con esos objetivos y de realismo con los mecanismos que pueden hacerlos posibles. Entre ellos, las fórmulas para evitar la segregación por rentas o por situación de vulnerabilidad del alumnado, que exige la participación de todo el colectivo de centros que obtienen financiación pública; la definición contenida en la ley de la obligación de establecer proyectos lingüísticos que garanticen un nivel acreditado de conocimiento de las dos lenguas cooficiales y al menos una tercera para el alumnado al final de los ciclos obligatorios. La norma contempla la posibilidad de publicitar centros educativos pero la demanda social, la estructura del sector y la distribución del alumnado en base a su libertad de elección convierten en utópica la pretensión de reducir el sistema a una estructura pública que tiene más de motivación ideológica que de sentido práctico o de situar al alumnado en el centro de las prioridades. El consenso básico que permitió abrir este camino debe preservarse y no supeditarse a dogmatismos o intereses de grupo. Todos los colectivos de la educación –desde los profesionales a los usuarios– deben tener garantizados sus derechos y este proyecto de ley no supone merma de ninguno de ellos. Pero, sin desmerecer los de los diferentes profesionales, el principal a preservar es el derecho de acceso equitativo a la educación y debe quedar fuera de debates partidistas.