El histórico acuerdo alcanzado por los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para un tratado de los océanos con el objetivo de proteger la alta mar y la biodiversidad de áreas más allá de las jurisdicciones nacionales supone un gran paso para la conservación de un entorno hasta ahora desprotegido y desregulado y por ello especialmente deteriorado debido a la contaminación y la acidificación de las aguas. Tal y como establece la ONU, los océanos impulsan los sistemas mundiales que hacen de la Tierra un lugar habitable para el ser humano, por lo que una gestión adecuada de los mares es clave para un futuro sostenible. De hecho, el número 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 es precisamente “conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos”. La protección de nuestros océanos debe ser, por tanto, una prioridad. De ello saben bien nuestros arrantzales: más de tres mil millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. El acuerdo alcanzado la madrugada de ayer en el seno de las Naciones Unidas llega tras más de quince años de negociaciones, lo que da idea de que su aprobación no ha sido tarea fácil pese a la importancia del reto y a las crecientes amenazas de los entornos marinos. “El barco ha llegado a la orilla”, afirmó gráficamente Rena Lee, presidenta de la Conferencia Intergubernamental, al anunciar el pacto. Una parte crucial del tratado tiene que ver con la capacidad que tendrá la ONU para crear áreas protegidas en alta mar, fuera de las 200 millas que delimitan las diferentes jurisdicciones de los países y que suponen únicamente el 1% del total, lo que va a permitir por primera vez una regulación que posibilite una adecuada conservación del 30% del océano, ambiciosa meta situada para 2030 y que los científicos consideran el porcentaje necesario para su bienestar y sostenibilidad. En este sentido, la futura plasmación de la regulación de estas zonas se antoja trascendental, sobre todo respecto a la actividad de sectores estratégicos pero potencialmente perjudiciales, como la pesca y el transporte marítimo sobre todo a gran escala, que necesitarán de una importante mejora en su gestión, en especial en los países en desarrollo, a los que habrá que dotar de financiación.